Las colillas que tapizan aceras, cubren alcorques y atascan alcantarillas podrían ser consideradas el beneficio marginal de la ley antitabaco: se fuma en la calle en vez de en los bares y en los centros de trabajo, luego el objetivo sanitario se va cumpliendo poco a poco con la inexorabilidad que marca el palo y tentetieso. Sin embargo, el fantasmal residuo mudo que constata la marginalidad a la que se ven abocados millones de fumadores también podría entenderse como un refrendo de las cifras del paro que con la contumacia propia de la gota malaya nos sirve mes a mes, con puntualidad británica y crueldad de marqués de Sade, el Instituto Nacional de Empleo: a más gente en la lista de proscritos laborales, más posibilidades de que el propio desocupado, generalmente por voluntad ajena, ocupe en la acera su metro cuadrado de baldosa para otear el incierto horizonte mientras se mete en los pulmones un par de dosis, o tres, de nicotina, alquitrán, pegamento y demás basura reciclada por el emporio tabaquero para mantenerle enganchado a la máquina de hacer dinero.

    Aun reconociendo que la limitación es justa en términos generales en tanto en cuanto tiene como base la protección de la salud, y especialmente la de los no fumadores, desde su baldosa de libertad el viciosillo seguramente se sumirá en profundas cavilaciones sobre las contradicciones de una normativa cuya formulación falla desde el enunciado. Porque no estamos ante una ley antitabaco, sino frente a una legislación antifumadores. Si se tratara de lo primero, como pretenden hacernos creer, la carga del castigo no caería sobre el fumador sino sobre una perniciosa industria que, para empezar, reporta pingües beneficios al Estado por la vía del impuesto indirecto. Si se tratara de lo primero, el tabaco como sustancia nociva fuertemente adictiva y generadora de demoledoras patologías, estaría abolido sin piedad y sin tener en cuenta los empleos que de él puedan derivarse. Si se tratara de lo primero, la elaboración, distribución y venta debería equipararse al tráfico de drogas, actividad que también crea riqueza y puestos de trabajo, con la evidente salvedad de que ambos se inscriben en la denominada economía sumergida y no pasan por la caja de Hacienda.

    Si se tratara de una ley antitabaco en sentido estricto no habría ingenios expendedores en los bares donde ya no se puede consumir el producto que ofrecen: es como si te obligaran a comer el también humeante pincho de tortilla en la calle. Te expongo a la tentación pero te arrojo a los espacios exteriores si osas intentar probar aquí, en el edén, la manzana prohibida. El Árbol de la Ciencia del Mal y del Mal que han plantado las administraciones del mundo civilizado en mitad de nuestras vidas tiene memorables contrasentidos y tremendos fallos de coordinación. ¿Por qué el médico de cabecera no denuncia ante los tribunales de justicia los daños que ha provocado en su paciente el tabaquismo practicado durante años? ¿Por qué la Policía Local trinca de los pelos a un camello de hachís y, sin embargo, permite que un kiosco mercadee con el otro nocivo, legal aunque réprobo, producto? ¿Por qué ese mismo agente del orden no decomisa el paquete de Fortuna que lleva en el bolsillo el imberbe que se aplica a la labor mientras espera a su chica y a continuación denuncia el asunto como un delito contra la salud pública?

    Si el vaquero de Marlboro levantara la cabeza seguramente se liaría a tiros desde su valla publicitaria contra una normativa que además ha comenzado a aplicarse en este país en el mejor de los escenarios posibles: con casi cinco millones de desempleados a los que únicamente la liberación de angustia por inhalación les impide morder al prójimo. Ah, será por eso.