Con los datos del tercer trimestre, la economía cae un 1,6% respecto a 2011
La vuelta a la recesión ha marcado un año en el que la corrección del déficit ha sido la prioridad del Gobierno, que con ese objetivo ha recortado gastos y subido impuestos, al tiempo que ha iniciado una agenda reformista de los principales sectores de la economía.
Con los últimos datos disponibles, al cierre del tercer trimestre la economía caía el 0,3% respecto al trimestre anterior y el 1,6% en tasa interanual, debido fundamentalmente a la contracción de la demanda interna en un contexto en el que los hogares gastan menos por la caída de los ingresos familiares y el temor a la pérdida del empleo.
La incertidumbre respecto a la situación económica general ha obstaculizado asimismo la inversión, salvo por un ligero repunte en la compra de bienes de equipo entre julio y septiembre, propiciado por el adelanto de compras ante la entrada en vigor de la subida del IVA el 1 de septiembre.
El efecto del alza impositiva también ha contribuido a frenar la caída del gasto de las familias en el tercer trimestre, aunque las compras anticipadas no han sido suficientes como para que repuntara el consumo privado.
Entre tanto el sector de la construcción ha mantenido un ajuste muy pronunciado, no sólo desde el lado de la inversión, sino también de la actividad, cuyo ritmo de caída duplica el de la industria, el otro sector más afectado por la crisis.
No obstante, la destrucción de empleo neto a tiempo completo en el último año ha sido mayor en el sector servicios, menos perjudicado en términos de actividad, pero afectado por la rotación del sector turístico y la pérdida de puestos de trabajo en el sector público.
Sólo la demanda externa aporta crecimiento económico -aunque insuficiente para compensar la contracción nacional-, gracias al dinamismo de las exportaciones tanto de bienes como de servicios, al buen comportamiento del turismo y a la caída de las importaciones en línea con la bajada del consumo interno.
En el plano interno tampoco ha ayudado la contención del gasto de las administraciones públicas, que ha influido en la paralización de la economía, pero que ha sido cuestión prioritaria para el Gobierno por mandato de Bruselas y por la presión de los mercados, que casi fuerzan el rescate de España.
Las dudas de los inversores internacionales sobre la capacidad del Estado para sanear las cuentas públicas y la solvencia del sistema financiero elevaron la prima de riesgo -sobrecoste que paga España para financiarse respecto a Alemania- al insoportable máximo histórico de 638 puntos.
La tensión se relajó cuando a principios de septiembre el Banco Central Europeo (BCE) anunció un programa de compra de deuda si España solicitaba el rescate, posibilidad que se ha ido evaporando conforme la prima de riesgo ha vuelto a niveles más confortables (en torno a 400 puntos), aunque todavía está lejos de la cota de 200 puntos que el Gobierno considera óptima.
Restaurar la confianza en la economía española ha sido el primer objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que durante su primer año en el poder no ha dudado en aparcar sus promesas electorales para reducir un déficit público mayor al que esperaba encontrarse.
Por el lado del gasto ha recortado la dotación de todos los Ministerios, el presupuesto para sanidad y educación, los salarios de los empleados públicos y las prestaciones por desempleo, y no ha actualizado las pensiones conforme al aumento del coste de la vida, aunque las ha subido un 1%.
Por el lado de los ingresos, ha incrementado el IRPF y el IVA, ha eliminado deducciones fiscales a empresas y ciudadanos, ha elevado los tributos sobre plusvalías a corto plazo, ha prorrogado el impuesto sobre el patrimonio, ha creado un nuevo gravamen para los premios de loterías y ha puesto tasas a la justicia.
En paralelo ha reforzado la lucha contra la evasión de impuestos, aunque previamente ha abierto una amnistía fiscal parcial, por la que se han declarado rentas ocultas a un tipo único del 10% y que ha tenido como resultado unos ingresos de 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto.
La recaudación obtenida con las subidas impositivas ha permitido contener el déficit de la administración central en el 4,13% del PIB hasta octubre, lo que lleva al Gobierno a ser optimista y esperar que terminará el año en el entorno del 3,5%, cifra que deja margen suficiente para asumir el punto porcentual de déficit de la Seguridad Social.
Al 4,5% del Estado y la Seguridad Social hay que sumar el 1,5% previsto para las comunidades autónomas y el 0,3% de las corporaciones locales, lo que da el objetivo comprometido del 6,3% (7,3% al sumar las ayudas directas a la banca, que no computan como déficit excesivo).
El Gobierno ya ha sugerido que ese objetivo se podría sobrepasar en unas décimas, ya que hay dudas respecto al cumplimiento de las autonomías, que hasta septiembre acumulaban un déficit del 0,93% del PIB.
Con los últimos datos disponibles, al cierre del tercer trimestre la economía caía el 0,3% respecto al trimestre anterior y el 1,6% en tasa interanual, debido fundamentalmente a la contracción de la demanda interna en un contexto en el que los hogares gastan menos por la caída de los ingresos familiares y el temor a la pérdida del empleo.
La incertidumbre respecto a la situación económica general ha obstaculizado asimismo la inversión, salvo por un ligero repunte en la compra de bienes de equipo entre julio y septiembre, propiciado por el adelanto de compras ante la entrada en vigor de la subida del IVA el 1 de septiembre.
El efecto del alza impositiva también ha contribuido a frenar la caída del gasto de las familias en el tercer trimestre, aunque las compras anticipadas no han sido suficientes como para que repuntara el consumo privado.
Entre tanto el sector de la construcción ha mantenido un ajuste muy pronunciado, no sólo desde el lado de la inversión, sino también de la actividad, cuyo ritmo de caída duplica el de la industria, el otro sector más afectado por la crisis.
No obstante, la destrucción de empleo neto a tiempo completo en el último año ha sido mayor en el sector servicios, menos perjudicado en términos de actividad, pero afectado por la rotación del sector turístico y la pérdida de puestos de trabajo en el sector público.
Sólo la demanda externa aporta crecimiento económico -aunque insuficiente para compensar la contracción nacional-, gracias al dinamismo de las exportaciones tanto de bienes como de servicios, al buen comportamiento del turismo y a la caída de las importaciones en línea con la bajada del consumo interno.
En el plano interno tampoco ha ayudado la contención del gasto de las administraciones públicas, que ha influido en la paralización de la economía, pero que ha sido cuestión prioritaria para el Gobierno por mandato de Bruselas y por la presión de los mercados, que casi fuerzan el rescate de España.
Las dudas de los inversores internacionales sobre la capacidad del Estado para sanear las cuentas públicas y la solvencia del sistema financiero elevaron la prima de riesgo -sobrecoste que paga España para financiarse respecto a Alemania- al insoportable máximo histórico de 638 puntos.
La tensión se relajó cuando a principios de septiembre el Banco Central Europeo (BCE) anunció un programa de compra de deuda si España solicitaba el rescate, posibilidad que se ha ido evaporando conforme la prima de riesgo ha vuelto a niveles más confortables (en torno a 400 puntos), aunque todavía está lejos de la cota de 200 puntos que el Gobierno considera óptima.
Restaurar la confianza en la economía española ha sido el primer objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que durante su primer año en el poder no ha dudado en aparcar sus promesas electorales para reducir un déficit público mayor al que esperaba encontrarse.
Por el lado del gasto ha recortado la dotación de todos los Ministerios, el presupuesto para sanidad y educación, los salarios de los empleados públicos y las prestaciones por desempleo, y no ha actualizado las pensiones conforme al aumento del coste de la vida, aunque las ha subido un 1%.
Por el lado de los ingresos, ha incrementado el IRPF y el IVA, ha eliminado deducciones fiscales a empresas y ciudadanos, ha elevado los tributos sobre plusvalías a corto plazo, ha prorrogado el impuesto sobre el patrimonio, ha creado un nuevo gravamen para los premios de loterías y ha puesto tasas a la justicia.
En paralelo ha reforzado la lucha contra la evasión de impuestos, aunque previamente ha abierto una amnistía fiscal parcial, por la que se han declarado rentas ocultas a un tipo único del 10% y que ha tenido como resultado unos ingresos de 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto.
La recaudación obtenida con las subidas impositivas ha permitido contener el déficit de la administración central en el 4,13% del PIB hasta octubre, lo que lleva al Gobierno a ser optimista y esperar que terminará el año en el entorno del 3,5%, cifra que deja margen suficiente para asumir el punto porcentual de déficit de la Seguridad Social.
Al 4,5% del Estado y la Seguridad Social hay que sumar el 1,5% previsto para las comunidades autónomas y el 0,3% de las corporaciones locales, lo que da el objetivo comprometido del 6,3% (7,3% al sumar las ayudas directas a la banca, que no computan como déficit excesivo).
El Gobierno ya ha sugerido que ese objetivo se podría sobrepasar en unas décimas, ya que hay dudas respecto al cumplimiento de las autonomías, que hasta septiembre acumulaban un déficit del 0,93% del PIB.
