La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y las organizaciones de consumidores, UCE y CEACCU, denuncian que durante el mes de junio el diferencial de los precios entre la huerta y la mesa se disparó por encima del 600% (6,28) en los productos agrícolas, fundamentalmente por la caída de los precios en el campo  ante el efecto de la ‘crisis de la bacteria E-coli’ y el mantenimiento de los precios en destino.

Entre los casos más llamativos están el pepino, cuyo precio se multiplicaba por 24 desde el origen (los agricultores percibían una media de seis céntimos por kilo) y el destino (los usuarios finales pagaban 1,47 euros/kilo. También son llamativos los casos de la cebolla, cuyo precio ascendía un 1030%, la patata temprana (943%), el repollo (808%) y el tomate (791%). Así lo refleja el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que mensualmente publican estas asociaciones.

“Una vez más, la crisis la hemos pagado los eslabones más débiles de la cadena; agricultores, con pérdidas millonarias, y los consumidores, que no se han podido beneficiar de los bajos precios en el campo”, ha subrayado Miguel López, Secretario General de COAG.

En el inicio de la campaña, la fruta de verano también se ha visto afectada y el melón multiplicó por 8 su cotización de la mata a la mesa por unos precios en la huerta que no superaron los 0,25 euros/Kilo. Melocotón, nectarina y ciruela, multiplicaron por más de 5 su valor.  

Por su parte, el IPOD ganadero se mantiene en niveles similares a los del mes de mayo, (3,37 frente a 3,27). Carne de ternera  (355%)  y  de cerdo (338%), abanderan los mayores diferenciales entre los precios de origen y destino.

A nivel general (media del IPOD agrícola y ganadero), el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) de junio se situó en  5,75,  tercer dato más elevado desde la creación de este índice en mayo de 2008.

COAG, UCE y CEACCU  recuerdan a la Unión Europea y al Gobierno que deben poner en práctica las recomendaciones aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo en la que se reconocen como necesarias “medidas, a escala comunitaria, para evitar los contratos injustos o abusivos entre los agricultores, las industrias y los supermercados a la hora de fijar los precios de los alimentos”. En este sentido, desde esta organización se trabaja para que el proyecto de la Ley de medidas para la mejora de la cadena alimentaria, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que este martes presenta la Ministra Rosa Aguilar, sirva para corregir los actuales desequilibrios de la cadena de valor agroalimentaria y a mejorar la vertebración del sector. “En alimentación, garantizar el interés general pasa por conseguir unos precios justos y rentables para los agricultores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG.