La ministra de Agricultura explica que la normativa también garantizará la calidad de los productos
La ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, han presentado la futura ley alimentaria que pretende, de un lado garantizar la calidad de los productos y por otro, establecer un equilibrio entre productores y consumidores, para evitar los abusos de los intermediarios.
Rosa Aguilar, quien presentó la ley junto a Isabel Bombal, directora general de Industrias y Mercados Agroalimentarios , ha destacado que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, cuenta con "instrumentos suficientes" como el fortalecimiento del papel de las Organizaciones Interprofesionales Agrarias que tendrán más competencias para así “dotarlas de mayor seguridad jurídica, aumentar el porcentaje de su representatividad, posibilitar la creación de Organizaciones de segundo grado, actualizar sus infracciones y sanciones”.
Por último, Aguilar ha explicado que la normativa regulará medidas excepcionales aplicables al régimen de contratación agroalimentario en general, que recogerá la posibilidad de que las organizaciones de productores, en representación de sus miembros, puedan negociar los precios y condiciones de pago de sus contratos de producción, "sólo cuando así lo establezca la legislación comunitaria en vigor".
Rosa Aguilar, quien presentó la ley junto a Isabel Bombal, directora general de Industrias y Mercados Agroalimentarios , ha destacado que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, cuenta con "instrumentos suficientes" como el fortalecimiento del papel de las Organizaciones Interprofesionales Agrarias que tendrán más competencias para así “dotarlas de mayor seguridad jurídica, aumentar el porcentaje de su representatividad, posibilitar la creación de Organizaciones de segundo grado, actualizar sus infracciones y sanciones”.
Por último, Aguilar ha explicado que la normativa regulará medidas excepcionales aplicables al régimen de contratación agroalimentario en general, que recogerá la posibilidad de que las organizaciones de productores, en representación de sus miembros, puedan negociar los precios y condiciones de pago de sus contratos de producción, "sólo cuando así lo establezca la legislación comunitaria en vigor".

