El juez investiga si la familia Navarro desvió los 33,5 M€ en créditos que obtuvieron con el aval del Info
Halcón Foods, inmersa en un proceso de concurso necesario desde enero de 2012, ha recusado al perito del juzgado que instruye las demandas interpuestas por el Instituto de Fomento y la UGT.
La mayoría de la propiedad de esta empresa está en manos de la familia Navarro, también propietaria de Cofrusa y, como la anterior, igualmente en concurso de acreedores.
Según informa la Cadena Ser, la empresa considera que este perito carece de "objetividad" y que hace "peticiones excesivas" para hacerles daño aprovechando el proceso judicial
El juzgado está investigando si los actuales propietarios traspasaron 33,5 millones de euros a otras filiales del grupo para hacerlos desaparecer. Este dinero lo obtuvieron con el aval del Instituto de Fomento para asumir la compra de la empresa de Campos del Río.
Radio Murcia destaca que las empresas investigadas son Mediterra, Halcon foods, Conservas Fernández y Cofrusa, pero hay otras tres mercantiles que también deben someterse a investigación, a lo que se opone la empresa. Se trata de Proconsa, Haconsa y Halcón Perú SL. La acusación ha pedido saber sobre todas las operaciones financieras entre empresas del grupo entre 2009 y 2012. También se reclaman los extractos bancarios de las cuentas donde sea titular Joaquín Navarro, administrador de la empresa en esos mismos años.
La empresa dice que la información que solicita el perito es “excesiva absurda y desproporcionada” y que está actuando “con mala fe y en fraude procesal” bajo el pretexto de tener acceso a la información de todas las sociedades filiales de halcón y las cuentas particulares del dueño.
El razonamiento de halcón es que “no puede ser que aprovechando el proceso se intente acceder de forma indiscriminada a información privada”. Acusan al perito que la ha pedido de ser "carente de objetividad" y dudan de que “vaya a mantener la confidencialidad de los datos” aportados.
La empresa también señala que "resulta imposible atender la aportación de la documentación en el plazo que exige el juzgado" y reclama “dos meses para reunir la información” porque “exige personal cualificado”.
La acusación, por su parte, indica que este recurso de la empresa "sólo sirve para entorpecer y dilatar la instrucción".
La mayoría de la propiedad de esta empresa está en manos de la familia Navarro, también propietaria de Cofrusa y, como la anterior, igualmente en concurso de acreedores.
Según informa la Cadena Ser, la empresa considera que este perito carece de "objetividad" y que hace "peticiones excesivas" para hacerles daño aprovechando el proceso judicial
El juzgado está investigando si los actuales propietarios traspasaron 33,5 millones de euros a otras filiales del grupo para hacerlos desaparecer. Este dinero lo obtuvieron con el aval del Instituto de Fomento para asumir la compra de la empresa de Campos del Río.
Radio Murcia destaca que las empresas investigadas son Mediterra, Halcon foods, Conservas Fernández y Cofrusa, pero hay otras tres mercantiles que también deben someterse a investigación, a lo que se opone la empresa. Se trata de Proconsa, Haconsa y Halcón Perú SL. La acusación ha pedido saber sobre todas las operaciones financieras entre empresas del grupo entre 2009 y 2012. También se reclaman los extractos bancarios de las cuentas donde sea titular Joaquín Navarro, administrador de la empresa en esos mismos años.
La empresa dice que la información que solicita el perito es “excesiva absurda y desproporcionada” y que está actuando “con mala fe y en fraude procesal” bajo el pretexto de tener acceso a la información de todas las sociedades filiales de halcón y las cuentas particulares del dueño.
El razonamiento de halcón es que “no puede ser que aprovechando el proceso se intente acceder de forma indiscriminada a información privada”. Acusan al perito que la ha pedido de ser "carente de objetividad" y dudan de que “vaya a mantener la confidencialidad de los datos” aportados.
La empresa también señala que "resulta imposible atender la aportación de la documentación en el plazo que exige el juzgado" y reclama “dos meses para reunir la información” porque “exige personal cualificado”.
La acusación, por su parte, indica que este recurso de la empresa "sólo sirve para entorpecer y dilatar la instrucción".
