El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido la personación del Fondo de Garantía de Depósitos como acusación particular en la causa dirigida contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), en la que el FGD inyectó 5.249 millones para venderla al Banco Sabadell por un euro.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de este tribunal considera procedente admitir la personación que el Fondo reclamó el pasado 18 de enero en calidad de perjudicado por la gestión de la caja al asumir el coste de su saneamiento, han informado fuentes jurídicas.

Asimismo, el FGD concedió al Sabadell un esquema de protección de activos por el que asumía el 80% de las pérdidas derivadas de la cartera de activos de la CAM durante un plazo de diez años, una vez absorbidas las provisiones constituidas.

Como parte personada en el proceso, el FGD podrá exigir una compensación en caso en el caso de que se demostrara que ha habido una gestión irregular por parte de los antiguos directivos de la caja.

La causa surgió a raíz de la querella presentada por el abogado Diego de Ramón contra los antiguos directivos de la CAM, a la que posteriormente se adhirieron la plataforma de afectados por la caja y el propio FROB.

Gómez Bermúdez mantiene imputados en esta causa a cinco ex directivos de la caja, entre ellos la ex directora general María Dolores Amorós y el ex director general de la CAM, Roberto López Abad, a los que acusa de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.

También están imputados el expresidente de la caja Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la entidad Teófilo Sogorb.

La CAM, ahora en manos del Banco Sabadell, fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España. Tras la intervención se supo que en los seis primeros meses del año había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Meses después el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como su administrador provisional.