Andábamos chapoteando en las procelosas aguas de la indignación a resultas de los asuntillos pecuniarios del extesorero del PP Luis Bárcenas y de las sombras que su gestión proyecta sobre la financiación del partido, cuando vino la última EPA de 2012 y mando parar. Estábamos intentando asimilar tanto la displicencia con la que el ministro Montoro despachó el sainete durante su comparecencia en el Congreso como el sorprendente caso del directivo de la Fundación Ideas del PSOE travestido en escritora de artículos de opinión a tres mil euros la pieza, cuando el mazazo de los casi seis millones de desempleados se ganó por derecho propio el titular estelar.

Nos encontrábamos, en fin, al borde del desencaje mandibular al enterarnos de que las pistas del desangelado aeropuerto de Castellón eran utilizadas como circuito de entrenamiento para bólidos, cuando nos percatamos de que este año no empezó el uno de enero como Dios manda sino veinticuatro días más tarde, cuando la crudeza del dato servido en el plato frío de la estadística puso sobre la mesa que ya hay un millón ochocientos y pico mil hogares en los que ninguno de sus moradores tiene trabajo.
 
Por si fuera poco, el baño de realismo al que nos ha sometido esta semana el INE generó una espuma nada habitual en el Ejecutivo de Mariano Rajoy: la admisión de que la reforma laboral mediante la que íbamos a salir de la miseria está contribuyendo de momento al aniquilamiento del empleo. Con todos los récords históricos batidos y con escasas expectativas de que la cosa vaya a mejorar aunque desde las alturas se reclame fe en el futuro a una ciudadanía sumida en la depresión mental y plena de desconfianza, no parece que más allá de la prórroga de las ayudas anunciadas por Rajoy desde Lima abunden las iniciativas orientadas a atenuar una sangría que, para variar, tiene uno de sus máximos referentes en la provincia de Alicante. Pese a contar dentro del tejido económico aborigen con tres de los sectores que todavía funcionan como el turismo, la agroalimentación y la restauración, estamos dos puntos y medio por encima de la tasa estatal de paro y casi medio respecto a la referida a la Comunidad Valenciana, lo que nos sitúa en un insoportable 28,5 por ciento de personas en el dique seco cuyo horizonte vital acaba donde empiezan las largas colas de demandantes de prestaciones y de subsidios.
 
Pésimo panorama tratándose como se trata de que el consumo genere producción y que ésta, en lógica réplica mercantil, promueva la creación de puestos laborales. La pescadilla sigue mordiéndose la cola en un mar revuelto en el que la austeridad, saludable y obligado ejercicio de responsabilidad pública, ha pasado a convertirse en un arma de destrucción masiva privada cuyos daños colaterales se perciben sin hacer ningún esfuerzo extra en la que fuera otra de las actividades más dinamicas: la comercial. Un simple garbeo en hora punta por las calles en las que sobrevive a duras penas el comercio sirve para hacerse una idea de las dimensiones del impacto de los ajustes y reajustes, recortes y tijeretazos, supresiones y liposucciones nominales, en los bolsillos de los dolientes, a los que se les suben los impuestos y las tasas al mismo ritmo que se les bajan los pantalones para dejarles al descubierto la retaguardia del ahorro.
 
En un ambiente de desmoralización como el actual, donde el verbo "emprender" se conjuga por parte de nuestros dirigentes como un sortilegio que solventará la penuria y nos pondrá en la dirección adecuada, ya apenas llaman la atención propuestas como la formulada por el presidente de la Generalitat Alberto Fabra a rebufo de la deriva soberanista auspiciada por el vecino del norte. La invitación a instalarse en la Comunidad a empresas que no vean claro el paisaje catalán es un oportunista brindis al sol -sin cava- además de la constatación de que pese a los variopintos planes estratégicos promovidos desde la administración autonómica, aquí falta liderazgo y sobran los golpes de efecto.

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