El vicepresidente afirma que nunca conoció el informe del Banco de España
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, ha asegurado hoy que en el consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM), del que formaba parte, no se leyó ni se facilitó ni se analizó el informe del Banco de España ni se aprobaron las retribuciones de los directivos.
Bernal, quien formó parte de este consejo en representación de las corporaciones locales desde febrero de 2010 hasta mayo de 2011, ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la intervención de CAM por parte del Banco de España en las Cortes Valencianas.
"Sería absurdo que un consejo, tras leer ese informe, no hiciera algún comentario", ha manifestado Bernal, quien también ha asegurado que ni las retribuciones a los directivos ni las pensiones vitalicias aprobadas fueron planteadas en el Consejo de Administración.
"Nunca he tenido conocimiento de medidas relacionadas con retribuciones ni pensiones de ningún tipo. Y si hubiera pasado, efectivamente, no hubiera podido aceptar este tipo de decisiones", ha asegurado.
Bernal ha reconocido que podía haber revisado las actas de las reuniones para conocer lo que se incluía en ellas, ya que, según ha dicho, algunas de ellas "no recogen adecuadamente lo que allí pasaba", pero no se le ocurrió porque tenía "confianza plena en el equipo directivo".
Según ha relatado, él no tuvo un papel relevante en este órgano por ser "un recién llegado" y había personas "con experiencia y muchos años" en la entidad que mantenían "mayor contacto" y "cercanía" con el equipo directivo.
"Había un conjunto de personas que intervenían más que otras en la gestión diaria y tenían más acceso al equipo directivo", ha precisado el exconsejero, quien ha criticado que al consejo no llegó "la información que le tenía que llegar".
Bernal ha indicado que las funciones ejecutivas las tenía el equipo directivo, y ha defendido que el funcionamiento de la entidad "tenía que ser de esta forma" ya que la legislación autonómica no exige preparación para formar parte del consejo de administración.
En su opinión, el consejo tenía un papel que cumplir con la información que recibía y "no podían actuar si no recibían señales de que aquello no estaba bien"; por ello, considera "más razonable" que de una titulización o cobertura inadecuadas respondan más el equipo directivo o los auditores que los consejeros.
Bernal, quien ha asegurado que trató de actuar "de la forma más honesta posible", ha manifestado que de lo que pasó en CAM "todos" se enteraron "tarde, incluido el Banco de España", al que ha atribuido la mayor competencia en la inspección de la entidad financiera.
Para el exconsejero, la ruptura del SIP -hecha, según ha dicho, "en el último momento" y "sin avisar"- es "uno de los mayores culpables de lo que vino después", ya que Caja Mediterráneo "quedó fuera de juego" y las otras entidades "no actuaron la misma lealtad" que la entidad alicantina.
Respecto a la inclusión de consejeros en las empresas participadas por CAM para incrementar sus dietas, ha dicho que no tuvo "problemas de conciencia para cobrar 20.000 euros al año", ya que, a su juicio, "los miembros del consejo tiene una retribución muy reducida" que rondaba los "200 euros por sesión" y eso, según el actual vicepresidente del Gobierno murciano, "no está al nivel de la responsabilidad que se les exige".
Bernal, quien formó parte de este consejo en representación de las corporaciones locales desde febrero de 2010 hasta mayo de 2011, ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la intervención de CAM por parte del Banco de España en las Cortes Valencianas.
"Sería absurdo que un consejo, tras leer ese informe, no hiciera algún comentario", ha manifestado Bernal, quien también ha asegurado que ni las retribuciones a los directivos ni las pensiones vitalicias aprobadas fueron planteadas en el Consejo de Administración.
"Nunca he tenido conocimiento de medidas relacionadas con retribuciones ni pensiones de ningún tipo. Y si hubiera pasado, efectivamente, no hubiera podido aceptar este tipo de decisiones", ha asegurado.
Bernal ha reconocido que podía haber revisado las actas de las reuniones para conocer lo que se incluía en ellas, ya que, según ha dicho, algunas de ellas "no recogen adecuadamente lo que allí pasaba", pero no se le ocurrió porque tenía "confianza plena en el equipo directivo".
Según ha relatado, él no tuvo un papel relevante en este órgano por ser "un recién llegado" y había personas "con experiencia y muchos años" en la entidad que mantenían "mayor contacto" y "cercanía" con el equipo directivo.
"Había un conjunto de personas que intervenían más que otras en la gestión diaria y tenían más acceso al equipo directivo", ha precisado el exconsejero, quien ha criticado que al consejo no llegó "la información que le tenía que llegar".
Bernal ha indicado que las funciones ejecutivas las tenía el equipo directivo, y ha defendido que el funcionamiento de la entidad "tenía que ser de esta forma" ya que la legislación autonómica no exige preparación para formar parte del consejo de administración.
En su opinión, el consejo tenía un papel que cumplir con la información que recibía y "no podían actuar si no recibían señales de que aquello no estaba bien"; por ello, considera "más razonable" que de una titulización o cobertura inadecuadas respondan más el equipo directivo o los auditores que los consejeros.
Bernal, quien ha asegurado que trató de actuar "de la forma más honesta posible", ha manifestado que de lo que pasó en CAM "todos" se enteraron "tarde, incluido el Banco de España", al que ha atribuido la mayor competencia en la inspección de la entidad financiera.
Para el exconsejero, la ruptura del SIP -hecha, según ha dicho, "en el último momento" y "sin avisar"- es "uno de los mayores culpables de lo que vino después", ya que Caja Mediterráneo "quedó fuera de juego" y las otras entidades "no actuaron la misma lealtad" que la entidad alicantina.
Respecto a la inclusión de consejeros en las empresas participadas por CAM para incrementar sus dietas, ha dicho que no tuvo "problemas de conciencia para cobrar 20.000 euros al año", ya que, a su juicio, "los miembros del consejo tiene una retribución muy reducida" que rondaba los "200 euros por sesión" y eso, según el actual vicepresidente del Gobierno murciano, "no está al nivel de la responsabilidad que se les exige".







