Ante los recientes casos de corrupción que dominan el panorama político y empresarial y que, además, están alterando a la gran mayoría de sectores sociales, los Inspectores de Hacienda han solicitado formalmente a la Agencia Tributaria que se les permita investigar a los contribuyentes acogidos a la llamada Amnistía Fiscal.

Como sabemos, esta acción fue impulsada por el ministerio de Hacienda con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros, permitiendo también la regulación de la mayor cantidad posible de capital oculto.

Habiéndose presentado más de 30.000 declaraciones para acogerse a la Amnistía Fiscal, la Agencia Tributaria ha puesto pies en polvorosa. Su respuesta no ha sido del todo clara, si bien ha  manifestado que será “analizada” la solicitud de los Inspectores de Hacienda y ya se verá si se incluye en el Plan de Control Tributario 2013 que, por otro lado, saldrá a la luz en breve.

La actitud por parte de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado viene dada por la preocupación de que, a través de la Amnistía Fiscal, se esté blanqueando dinero obtenido de forma ilícita. Además, temen que muchos contribuyentes hayan regularizado su situación fiscal declarando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), pero dejando algunos cabos sueltos en forma de tributos sin gravar, como el IVA, Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

Los Inspectores de Hacienda destacan tres ejemplos para llevar a cabo su investigación y determinar de dónde han aflorado determinadas rentas.

Uno de estos casos es el de las personas físicas que hayan presentado la declaración especial y que no conste en la misma el ejercicio de una actividad empresarial, por lo que sería necesario comprobar el origen de las rentas declaradas y verificar que no proceden de actividades delictivas.

Otro caso a investigar sería, por ejemplo, el de eludir el pago de Impuesto de Sucesiones y Donaciones a través de la declaración sobre el saldo de una cuenta en Suiza. Si esta declaración es presentada por los hijos y la titularidad real está a nombre del padre, se estaría evitando así la liquidación de dicho impuesto, por lo que habría que remitir esta información a la comunidad autónoma que proceda para llevar a cabo la correspondiente liquidación.

Al mismo tiempo entra en juego la permisión de aplicar la prescripción tradicional del delito fiscal en el proceso de regularización. Esto significa que no hace falta tributar por el patrimonio generado en ejercicios anteriores, por lo que no se pagaría un duro por las irregularidades cometidas en los ejercicios prescritos. Ante esta situación, los Inspectores de Hacienda advierten que habría que comprobar las bases imponibles emitidas en la declaración especial.

A pesar de las 31.484 declaraciones para acogerse a la Amnistía Fiscal, el dinero recaudado no ha llegado a los 2.500 millones de euros previstos por el Gobierno, quedándose en 1.191 millones. Y es que muchos defraudadores, recomendados por sus asesores, han preferido no acogerse a la Amnistía Fiscal sin conocer antes el dictamen final del Tribunal Supremo. ¿Enseñar la patita para que luego se anule la iniciativa de la Amnistía? Significaría presentar la declaración especial para después no poder beneficiarse de la Amnistía, a la misma vez que Hacienda ya estaría en posesión de sus datos.

Cuando el Gobierno anunció y legisló el asunto de la Amnistía, garantizó que, quien regularizara su situación a través de la declaración especial, cumpliría todos los aspectos legales para declarar sus bienes. Y ahora parece que “donde dije digo, digo Diego”, por lo que habrá que esperar a la determinación del nuevo control del fraude tributario para este año que, como hemos dicho, saldrá muy pronto.  

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