Los siete consejeros de la Comunidad de Murcia han recibido instrucciones para trabajar en sus respectivos departamentos en un Plan de Ajuste necesario tras superarse el objetivo de déficit de 2012, y el consejero portavoz, José Ballesta, ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que hay premura, pero no un calendario.

Según el consejero Bernal, la CARM cerró el año con un déficit del 2,9%; en tanto que Montoro lo ha elaborado al 3,02%, cuando el objetivo era del 1,5%.

Ballesta, a preguntas de los periodistas, ha adelantado que está más avanzado lo que tiene que ver con la reducción de entes públicos y organizaciones de la administración regional, y ha reiterado lo que recientemente apuntó el presidente autonómico de no traspasar la línea roja del Estado del Bienestar (sanidad y educación).

Además la consejería de Economía  observa con detenimiento el comportamiento de los nuevos impuestos puestos en marcha este año y, según Ballesta, "de momento no hay ninguna otra previsión en el campo de los ingresos", pero "nada está excluido", respondió a una posible vuelta de tuerca en torno a los altos cargos.

La reclamación del criterio de población en la financiación autonómica será de nuevo reclamada al gobierno central, por cuanto Murcia ha sido receptora de inmigrantes en mayor medida que otras autonomías y cuando se hizo el modelo de financiación "no se contempló con suficiente extensión" este fenómeno.

Además reclamarán la flexibilización en 2013 del objetivo de déficit con el argumento de evitar efectos negativos al empleo y el crecimiento económico si no se aborda de modo gradual, sin renunciar por ello a un ritmo suficientemente riguroso.

Preguntado por el volumen económico que supone la desviación del déficit, Ballesta contestó que están en diálogo permanente con el ministerio de Hacienda, pero que la cuestión no es tanto las cifras como un plan "creíble".

Por otra parte, y preguntado por el suicidio de un vecino de Cartagena que años atrás había sufrido un desahucio y que se encontraba en paro, indicó que se trata de casos enormemente delicados y situaciones dramáticas de las que el Gobierno no va a hacer política, y pidió responsabilidad en el análisis por las consecuencias de elevar mucho este asunto en el rango noticiable.