La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas que suman 26 millones de euros a nueve fabricantes españoles y portugueses de espuma poliuretano flexible y a la asociación sectorial Asepur por repartirse el mercado y pactar precios desde 1992 y con la colaboración de autoras externas.

Entre las empresas multadas se encuentran las empresas yeclanas Yecflex, con una sanción de 668.000 euros, e Interplasp (805.000 euros).

La espuma de poliuretano es utilizada como relleno en colchones, muebles o calzado, entre otros, y las multas se reparten entre Recticel y Cordex (9,36 millones), Flex 2000 (7,57 millones), Flexipol (2,66 millones), Torres Espic (1,97 millones), Euroespuma (1,04 millones) y Pagola (1,02 millones).

Por debajo del millón de euros aparecen Tepol (0,99 millones) y Asepur (250.000 euros), además de las dos empresas de Yecla.

Yecflex tuvo en 2011 un volumen de negocio de 6 millones de euros; en tanto que Interplasp registra una facturación por encima de los 12 millones de euros. Esta empresa inauguró el pasado octubre unas nuevas instalaciones en las que ha invertido 12 millones.

En virtud del programa de clemencia, Recticel ha quedado eximida de la multa, mientras que Flex 2000 la verá reducida en un 40%, informó el organismo supervisor, que ha decido no beneficiar del mismo programa a Flexipol por entender que no aportó información relevante.

El programa de clemencia posibilita que los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa o ver reducida la cuantía de la misma si deciden denunciar al resto de miembros y facilitar pruebas en su contra.

El expediente fue incoado en abril de 2011 contra diez compañías y la Asociación Española de Empresas de Espuma de Poliuretano (Asepur) por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la adopción de acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de precios.

En su resolución de febrero, el Consejo de la CNC considera que las entidades incoadas son responsables de una infracción de cártel, en funcionamiento al menos desde enero de 1992.

En una primera fase, las empresas pactaron precios y se repartieron la producción en función de cuotas o "contingentes" que los operadores no podían superar, según la CNC, que explica que este pacto fue "diseñado y controlado por empresas auditoras externas".

Se trató de dar al mismo la apariencia de auditorías con el supuesto objetivo de reducir la emisión de compuestos contaminantes en el proceso de producción de las espumas, según Competencia.

A partir de 2000, ante el temor de que este acuerdo se pudiera desestabilizar debido al aumento de las ventas de empresa portuguesas en España, los integrantes del cártel focalizaron la colusión en acuerdos sobre incrementos de precios.

Esta coordinación se llevaba a cabo en reuniones organizadas en el marco de Asepur y varias empresas portuguesas participaron de los acuerdos, en particular Flex 2000 y Euroespuma.

Competencia considera acreditado que participaron en el cártel otras diez compañías que no han sido incluidas en el expediente porque ya no están activas en el mercado o su conducta infractora ha prescrito.

Esto último también sucede en el caso de las consultoras mencionadas, cuya participación en el cártel finalizó en el año 2000.