Estamos acostumbrados a que los políticos se manifiesten sobre los temas de actualidad, a que los periodistas opinen sobre los asuntos que están ocurriendo, sin embargo, quizás pueda sorprender el hecho de que los jueces u otros funcionarios de Justicia muestren su parecer sobre aquellas cuestiones que preocupan al ciudadano.

El personal que forma parte de la Administración de Justicia, al igual que otros muchos ciudadanos, sufre los recortes adoptados por el Gobierno, las subidas de impuestos, casos de corrupción... una muestra de la preocupación por la situación económica y política en la que nos encontramos la representan algunas manifestaciones que los jueces están realizando, no ya en su ámbito privado, sino en las resoluciones que dictan en su actuar profesional. Basta poner algunos ejemplos para mostrar dicha situación:

1. Santiago Juan Pedraz Gómez, titular del  Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional, en el Auto de 4 de octubre de 2012, señalaba que “no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

2. Juan Gabriel Álvarez, titular del Juzgado Tres de Lo Social de Palma de Mallorca, en una resolución en la que determina la improcedencia del despido de un trabajador aprovecha para recriminar ciertas conductas de personalidades públicas; en una sentencia expresa que "existen personas, como determinados directivos de AENA, los diputados del Parlamento y otras personas que no pagan en los aparcamientos" circunstancia que califica "trufada con privilegios de políticos, altos cargos u otras personas muy importantes resulta cuando menos desconcertante".

3. Lorenzo Álvarez de Toledo, titular del Juzgado de Lo Penal Uno de León, en una sentencia en la que se absuelve a tres cargos políticos del delito de prevaricación (el caso enjuiciado se centra en la falta de control de los acusados en su actividad) señala que resulta "perfectamente creíble su versión de que no revisaron la documentación que aprobaron en una Junta de Gobierno dada la forma de trabajar en los Ayuntamientos" actuación a calificar como "altamente censurable" y "bien conocida” ya que “se encuentra acompañada de irregularidades y corruptelas que la sociedad española tolera desde hace siglos a su clase política”.

4. Julio Guerrero Zaplana, titular del Juzgado de Lo Penal Uno de Murcia, en un sentencia en que se condena a un sujeto como autor de un delito contra la Hacienda Pública por dejar de pagar impuestos por valor aproximado de 250.000 euros, manifiesta sobre el condenado que "no parece decente manifestar ahora que solo tiene una pensión de apenas 700 euros, cuando lo cierto es que ha disfrutado indebidamente de unas cantidades de dinero altísimas, que no ha pagado al Estado y que éste –ante la situación de crisis económica existente– ha optado por rebajar los sueldos, entre otros, a los funcionarios públicos”.

5. En último lugar, merece la pena destacar las manifestaciones realizadas en noviembre pasado por Eloy Velasco Núñez,  titular del Juzgado Central de Instrucción Seis de la Audiencia Nacional; en este caso, en un artículo publicado en  la revista ‘Deliberación’, de la Asociación Profesional de la Magistratura, este juez realiza contundentes comentarios sobre "políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas, banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que, al final tenemos que pagar todos, y que con olor a Chanel o a Loewe, han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo".

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