El 95% de los concursos de acreedores de empresas españolas acaba con la liquidación, el cese de actividades y el despido de la plantilla, según se desprende de un informe elaborado por PwC, que subraya además que España se sitúa a la cola de Europa en la utilización de este tipo de procedimientos.

De acuerdo con el estudio "Temas candentes de los procesos concursales", los principales factores que determinan esta situación son la desconfianza hacia el sistema judicial, la "estigmatización" del empresario y una legislación que, en materia de insolvencias, parece percibirse como más protectora de los intereses de los deudores en detrimento de los acreedores.

En este sentido, los empresarios han señalado la lentitud de la Administración de Justicia y un "cierto" trato de favor al deudor en contra de los acreedores en el procedimiento concursal.

Asimismo, el informe advierte de que en España se acude menos al sistema legal y mucho más tarde que en otros países, sin que se haya conseguido aumentar el grado de satisfacción de los acreedores, lo que pone de manifiesto la necesidad de modificar la regulación vigente en materia de insolvencias.

Y es que, si se compara con otros estados como Francia, Alemania, Reino Unido, o Italia, los datos muestran que España se sitúa en último lugar en la utilización de estos procedimientos.

Por ello, insiste en la necesidad de que las liquidaciones de activos de empresas en concurso sean más ágiles, de modo que pueda maximizarse el valor de los activos.

Además, añade, es preciso articular mecanismos legales que incentiven a los sujetos involucrados en los procesos de refinanciación para que apoyen, con inyección de dinero, a las empresas que tengan una cierta viabilidad, mediante la concesión de determinadas garantías o una preferencia en el cobro.

Otro aspecto a destacar es la necesidad de garantizar los procesos de refinanciación de las compañías. Para lograrlo, habría que ampliar determinadas medidas protectoras en los momentos previos a la declaración, ya sea en los procesos de refinanciación, o tras la presentación de la solicitud de aplazamiento del concurso,

Por otro lado, el informe propone la creación de un Instituto de acreditación de determinadas profesiones jurídicas, entre las que podrían encontrarse las de administrador concursal.

A cierre de 2012, los concursos de acreedores de empresas crecieron un 35% hasta las 7.233 insolvencias, en su mayoría en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, que concentraron casi el 60% del total.