La compañía telefónica prevé de 50 a 100 euros por dar marcha atrás en una portabilidad
Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por cobrar penalizaciones a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad de sus números de teléfono.
Desde este mes los contratos de Movistar incorporan una cláusula de penalización relativa a la solicitud de portabilidad, en la que plantea que, una vez firmada y entregada la solicitud de portabilidad en cualquier tienda o distribuidor autorizado, el usuario puede cancelarla "hasta las 14 horas del día previo a la fecha del cambio", pero si lo hace le aplicará un coste de la cancelación de 50 euros en móviles y de 100 euros en fijos.
En un comunicado, Facua ha advertido de que estas prácticas son abusivas y vulneran la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíben expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato.
Asimismo, implican una situación de falta de reciprocidad y de desequilibrio entre el usuario y la compañía, ya que mientras que el primero es obligado a abonar una cantidad si se arrepiente de la contratación, la compañía no asume la misma penalización si rechaza la solicitud de alta formulada.
Por ello, Facua ha denunciado a Movistar ante los organismos competentes en materia de protección de los consumidores.
Desde este mes los contratos de Movistar incorporan una cláusula de penalización relativa a la solicitud de portabilidad, en la que plantea que, una vez firmada y entregada la solicitud de portabilidad en cualquier tienda o distribuidor autorizado, el usuario puede cancelarla "hasta las 14 horas del día previo a la fecha del cambio", pero si lo hace le aplicará un coste de la cancelación de 50 euros en móviles y de 100 euros en fijos.
En un comunicado, Facua ha advertido de que estas prácticas son abusivas y vulneran la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíben expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato.
Asimismo, implican una situación de falta de reciprocidad y de desequilibrio entre el usuario y la compañía, ya que mientras que el primero es obligado a abonar una cantidad si se arrepiente de la contratación, la compañía no asume la misma penalización si rechaza la solicitud de alta formulada.
Por ello, Facua ha denunciado a Movistar ante los organismos competentes en materia de protección de los consumidores.







