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Opinión |
Martes, 16 de Abril de 2013

El arco del triunfo y las buenas prácticas

La morosidad de los poderes públicos en el pago de las facturas de los trabajos realizados por los agentes económicos influye negativamente en la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior. Este riesgo aumenta drásticamente en períodos de crisis económica, al hacerse más difícil la financiación.

Así comienza en la exposición de motivos la 'Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011', por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, publicada en el DOUE el 23 de febrero de 2011 y que entró en vigor veinte días después. La transposición de esta 'Directiva' por cada Estado miembro quedó fijada, como muy tarde, para el pasado 16 de marzo de 2013. Un mes ya fuera de plazo y lo que te rondaré, morena, que en este Estado miembro llamado España tenemos morosidad para rato. Y morosos ni te cuento.

La Directiva es muy clara y realista, sin ambigüedades, subterfugios, ni eufemismos en su redacción. Es un canto a las 'Buenas Prácticas 'de los poderes públicos en sus contratos con las PYMES, refiriéndose expresamente a las empresas de diseño de ingeniería civil y a las de ejecución de obras públicas. Reivindica el fomento de la iniciativa empresarial y la reducción de las cargas empresariales, asegurando el pago a las pymes de las facturas por sus trabajos en el plazo de un mes para aliviar sus problemas de liquidez. Denuncia la morosidad como un incumplimiento de contrato provechoso para el deudor -las AAPP- a causa de los bajos -e incluso nulos- intereses de demora o con motivo de la exasperante lentitud de los procesos. Reclama un cambio decisivo desde esta 'incultura de nopago' -término más ajustado a la triste realidad-, en la que se producen -continuamente y sin pudor alguno- situaciones manifiestamente abusivas de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. Aboga por reforzar la difusión de las buenas prácticas y demanda para los proveedores de las AAPP la posibilidad de ejercer acciones legales para evitar que sigan aplicándose cláusulas abusivas para el acreedor, siempre acompañadas de procedimientos de recursos rápidos y eficaces para el acreedor. Además, reclama la compensación adecuada a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad con el fin de desterrar esta mala práctica.

Un canto a las Buenas Prácticas que nuestros representantes en las AAPP se pasan por el Arco del Triunfo. Y no pasa nada. A nuestros poderes públicos, me refiero, que al proveedor que no cobra sí que le pasa, y mucho. Desaparecemos PYMES y autónomos -especialmente en ingeniería y construcción- en una especie de exterminio provocado por la morosidad de nuestros AAPP, y la compensación (¿?) que nos llega -tarde, mal y nunca-  no remedia el grave perjuicio causado. Y no pasa nada. Y el Arco del Triunfo de nuestras AAPP sigue viendo pasar a su través las Buenas Prácticas, lo que continúa provocando destrucción de empleo y situaciones abusivas con el proveedor. ¿Hasta cuándo? ¿A qué esperan nuestras AAPP morosas para trasponer la Directiva?

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