Tras ocho meses de consultas inútiles, el Gobierno ha enviado al Congreso la misma reforma educativa que aprobó en septiembre, la séptima de la democracia. Entrará en vigor el curso 2014-2015, con la oposición de los demás partidos, varias autonomías y la mayoría de los profesionales de la enseñanza, desde rectores a profesores, padres y estudiantes. La Ley Wert pretende reducir el abandono escolar haciendo que los peores alumnos vayan antes a Formación Profesional y los “buenos” sigan Bachillerato y a la Universidad. Y fomentar la competencia: habrá colegios e Institutos de primera (concertados), que seleccionarán a los mejores alumnos, y otros de segunda (públicos) con los peores. Una enseñanza dual, con menos asignaturas y menos recursos: tras los 6.700 millones recortados desde 2010, Rajoy ha prometido a Bruselas (para recortar el déficit) gastar aún menos en educación hasta 2015. Más segregación, más desigualdades y menos recursos, un cocktail suicida.
 
Con la democracia, cada Gobierno ha llegado con su reforma educativa bajo el brazo. Primero fue Suarez, con la LOECE (1980), que derogaba la LGE franquista de 1970. Luego, el primer gobierno de Felipe González aprueba la LODE (1985), que incorpora los colegios concertados, después la LOGSE (1990), que amplía la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, rematada por la LOPEG (1995). Aznar aprueba en 2002 la LOCE (sólo con los votos del PP y CC), que apenas entra en vigor, porque Zapatero la anula en mayo de 2004 (con un decreto) y aprueba en 2006 la LOE (con los únicos votos en contra del PP). Ahora, Rajoy recupera mucho de la reforma frustrada de Aznar con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que cuenta con el rechazo de todos los partidos salvo el PP.
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Ilustración: Enrique Ortega