El TSJ condena al Ayuntamiento a readmitirla y pagar 3.000 euros por daños morales
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha declarado nulo el despido de una oficial administrativa del ayuntamiento de Alcantarilla, miembro de UGT y del comité de empresa, por "la grave sospecha de violación de los derechos fundamentales".
La sentencia del TSJRM estima el recurso de esta trabajadora contra la sentencia de un juzgado de lo social que declaró el despido improcedente y condenó al consistorio a readmitirla o a pagarle una indemnización cercana a los 40.000 euros.
Afirma la sala, que tiene como ponente al magistrado José Luis Alonso, que el ayuntamiento no ha explicado suficientemente por qué procedió a extinguir la relación laboral de la demandante, cuando por su condición de miembro del comité de empresa "tiene conferidas unas garantías singulares".
El TSJRM dice también que ha podido constatar que en esa doble condición de sindicalista y de representante de los trabajadores "ha tenido manifiestas discrepancias con miembros de la corporación municipal como consecuencia de su actividad sindical y representativa".
La sentencia señala que el consistorio justificó el despido por haber finalizado la subvención que recibía del Gobierno autonómico de Murcia con la que se abonaban sus salarios.
Al declarar nulo el cese, el TSJRM condena al ayuntamiento a readmitirla y a abonarle 3.000 euros por daños morales y 250 a su letrado en concepto de costas.
La sentencia del TSJRM estima el recurso de esta trabajadora contra la sentencia de un juzgado de lo social que declaró el despido improcedente y condenó al consistorio a readmitirla o a pagarle una indemnización cercana a los 40.000 euros.
Afirma la sala, que tiene como ponente al magistrado José Luis Alonso, que el ayuntamiento no ha explicado suficientemente por qué procedió a extinguir la relación laboral de la demandante, cuando por su condición de miembro del comité de empresa "tiene conferidas unas garantías singulares".
El TSJRM dice también que ha podido constatar que en esa doble condición de sindicalista y de representante de los trabajadores "ha tenido manifiestas discrepancias con miembros de la corporación municipal como consecuencia de su actividad sindical y representativa".
La sentencia señala que el consistorio justificó el despido por haber finalizado la subvención que recibía del Gobierno autonómico de Murcia con la que se abonaban sus salarios.
Al declarar nulo el cese, el TSJRM condena al ayuntamiento a readmitirla y a abonarle 3.000 euros por daños morales y 250 a su letrado en concepto de costas.
