El último episodio de El Roblecillo, de momento, es la imputación de Domingo Aranda en dos supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación; pero el alcalde de Caravaca, conocedor o no del caso -la Justicia lo dirá- es una víctima más de Golden Sky, una 'curiosa' sociedad que ya 'se la jugó' anteriormente a otros socios de los que se llegó a embolsar importantes cantidades de dinero con la venta de participaciones y ampliaciones de capital. Entre tanto, sus administradores se colocaron un sueldo de 12.000 euros al mes cuando la empresa no tenía otra actividad que la reclasificación de los terrenos de esta finca en Archivel.

Golden Sky, hoy en liquidación tras no haber superado el concurso de acreedores que presentó en 2010, se creó en 2004 con la única finalidad de dar el pelotazo transmitiendo las participaciones de una empresa que confiaba en poder construir 8.000 viviendas. Y para ello se jactaba de mantener estupendas relaciones con el poder municipal de Caravaca.

De hecho, cuando Golden Sky es constituida por varios socios: Manuel Sánchez Contreras, Trinitario López Mula, Juan Jiménez García y un representante de Betelur Consulting (en el Consejo de Administración), además de Acadi y otros minoritarios que no figuran en el Consejo, lo hace con un capital de 2,2 millones de euros. Sus únicos trabajadores son dos (precisamente socio Y gerente que actúan como administradores) y se autocontratan por 12.000 euros al mes. Una cantidad desorbitada para una empresa sin actividad.

Al menos en una reunión de socios  de Golden Sky, uno de los minoritarios pregunta por estos injustificados sueldos y por respuesta lo único que recibe es que el negocio ya llegará. Corre el año 2004. El negocio, como se jactan los fundadores, es que tiene amarrada no solo la compra de más de mil hectáreas de suelo agrícola con protección forestal a precio de ganga sino, lo que es más importante, tienen prácticamente acordada su reclasificación a suelo urbanizable sectorizado para uso residencial. 

Evidentemente estos sueldos solo podían justificarse por el pelotazo urbanístico que haría viable a la sociedad porque en esos años, sin los terrenos todavía adquiridos -aunque con alguna opción de compra- y sin más negocio que el desarrollo urbanístico futuro  -ningún ingreso que generase liquidez en la tesoría-, los socios entendían en su mayoría (no todos) que inversión inicial llegaría a ser rentable.

En 2005, un año después de su constitución, la sociedad amplía capital a 4,3 millones y en 2007 llega a los 5 millones, todo con el objeto de sufragar los gastos de ese futuro negocio.
El negocio, no obstante, no está en urbanizar, construir y vender. Esa tarea se la traspasan mayoritariamente a terceros.

En 2007, cuando la banca de inversión dice 'no' a inyectar capital en Golden Sky, entra en juego Torrevisa, la empresa del promotor alicantino Antonio Soria, que paga una cantidad que alcanza los 16 millones de euros por la mayoría de las participaciones (más la prima de emisión) para hacerse con un negocio que ya entonces comienza a volverse oscuro por las denuncias de la oposición socialista en Caravaca y de los grupos ecologistas.  Esta operación se hace mediante compra efectiva de participaciones y ampliación de capital.

En 2010, cuando aún no se ha puesto ni un ladrillo, aunque sí ha empezado la roturación de tierras, Torrevisa, ahora accionista mayoritario de Golden Sky suspende pagos. Y un año después lo hace la propia Golden Sky con unas deudas de más de 12 millones de euros.

La empresa, que inicialmente tenía su sede social en Librilla y es luego trasladada a la misma dirección que Torrevisa en Torrevieja, adeuda unos dos millones de euros a la banca y otros 10.028.763 euros al ayuntamiento de Caravaca: 8,1 millones en compensación al convenio previo a la reclasificación más el 10% de aprovechamiento, 1,6 millones de recargo por demora en los pagos y el resto por el impago de impuestos como el IBI.

De hecho, y así consta como acreedor en el Concurso, el ayuntamiento de Caravaca es el principal perjudicado en una operación que ha provocado la imputación de su alcalde.

El siguiente movimiento lo hará el titular del juzgado número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, quien dirige la instrucción.