El Gobierno nos avisa con insistencia en las últimas fechas de la inminente llegada de la reforma de las AAPP, que recibimos con satisfacción difícilmente contenida. Por fin contaremos con entidades públicas competitivas al servicio de los ciudadanos. Tardar dieciocho meses en adoptar decisiones como ésta, que puede cortar un despilfarro inaceptable de fondos que no llegan en sectores donde se necesitan para sobrevivir, no es como para sacar pecho. La tan  prometida -necesaria entonces, imprescindible ahora- y ampliamente demandada desde el sector privado- reforma de las AAPP está al caer, y con ella todos ganaremos. Bueno, todos los que aspiramos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, no con la de nuestro vecino.  

En el Informe presentado el pasado viernes en el Consejo de Ministros se recogen un total de 217 propuestas, de las que algunas causan sonrojo y vergüenza ajena al conocer que aún persiste un absoluto descontrol, como la duplicidad entre organismos públicos, observatorios autonómicos y estatales, y fundaciones estatales. Otras propuestas se aplauden con entusiasmo, al no entender  cómo no de han adoptado antes, caso del incumplimiento de la ley en el pago a proveedores, de la descentralización de las compras, de la ausencia de uso de las TIC o de la falta de planificación en general.

Mención especial merecen las propuestas destinadas a mejorar la productividad y eficiencia de los servicios que prestan las AAPP, implantando auditorías que evalúen la actividad de todas las unidades, haciendo públicos los resultados obtenidos para que los ciudadanos tengan libre acceso. Al margen de si la auditoría es interna o externa, de conocer los criterios de evaluación, de si se incluye a los altos cargos y asesores en el universo a evaluar, y si obtener resultados deficientes o No Conformidades tendrá consecuencias, este bloque de propuestas conforma una apuesta decidida hacia la competitividad.

Para el sector de la ingeniería representa una buena noticia, una reforma necesaria y ineludible, un salto cualitativo que modernizará las AAPP y servirá de apoyo y soporte a nuestras empresas. Será una reforma de primera generación -no estructural, al menos tal cual está planteada-, a la que sin tardar deberán seguir otras varias, que desactiven las numerosas trampas para cocodrilos detectadas en los pliegos de los contratos, en la falta de transparencia de la gestión, en la ausencia de aplicación de la legalidad vigente o en la adopción de criterios alejados de la ética más elemental.

Una buena noticia sin duda, aunque en algún caso se hable de recomendaciones. Ánimo, determinación y rigor en su aplicación, que su puesta en marcha será un camino difícil. Pero ésa es una de las grandezas de los gobernantes: adoptar decisiones en defensa del interés público, aunque sean dolorosas.

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