La reducción de salarios, el incremento de trabajo temporal y la precarización del empleo son las razones
La memoria del Consejo Económico y Social del año pasado advierte "un notable empobrecimiento" de la población murciana, con reducción de la renta de los hogares y la aparición de un fenómeno creciente, el de los "trabajadores pobres", por la precarización del empleo, el incremento del trabajo temporal y a tiempo parcial y la reducción de salarios.
Los perfiles de riesgo de pobreza con empleo son cada vez más frecuentes en los hogares que dependen de ese único sueldo, especialmente los de familias numerosas o monoparentales, informó en rueda de prensa el miembro del CES, Juan Antonio Pedreño.
El estudio constata que durante esta crisis ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza por lo que, según Pedreño, serían necesarias políticas públicas "transversales" en educación, vivienda y empleo, así como beneficios fiscales.
Se han constatado elevadas tasas de abandono temprano del sistema educativo y el aumento del porcentaje de jóvenes que no han alcanzado educación secundaria de segunda etapa, por lo que el CES pide aminorar el abandono temprano de la educación abordándolo desde la prevención, la intervención y la compensación, y mejorar la adaptación de la FP a las necesidades del mercado de trabajo.
Las conclusiones del CES estiman que la crisis se ha agravado en 2012, año en el que el PIB volvió a descender, en que se aceleró la destrucción de empleo y se amplió la distancia respecto al nivel medio de renta por habitante de España.
El vicepresidente primero del CES, José García Gómez, explicó ese empeoramiento por la debilidad del consumo intensificado a causa de las medidas llevadas a cabo para corregir el déficit público.
"Será difícil salir de este bucle sin promover simultáneamente iniciativas que a corto plazo impulsen el crecimiento económico, fundamentalmente la inversión pública y estímulos directos a la inversión privada", añaden las conclusiones del CES aprobadas por unanimidad de sus miembros.
"Con nulo éxito" desde 2008 esta memoria del CES proponía la necesidad de un acuerdo entre todos los agentes políticos, sociales y económicos para impulsar concertadamente actuaciones que paliaran las consecuencias de la crisis, pero tras el reciente Debate del Estado de la Nación, el Consejo valora los avances entre los dos principales partidos por la puesta en marcha de un Plan para combatir el desempleo juvenil o la creación de un Fondo extraordinario de atención social.
En la memoria se indica además que para reducir el stock de vivienda sería preciso rebajar los precios más de lo que se ha hecho y recuperar el crédito hipotecario, "pues a niveles adecuados de precios existe demanda solvente".
Por su parte, el vicepresidente segundo del CES, Antonio Jiménez, ha destacado que las políticas de fomento del empleo han experimentado un importante recorte a consecuencia de la crisis, y se han perdido 29 millones de euros y cerca de 42 con respecto a la dotación de 2009, para situarse en un montante similar a 2003, y ello en un contexto de "brutal crecimiento del desempleo", que demanda más recursos financieros.
Por ello, Jiménez consideró conveniente recuperar los programas de desarrollo rural y de empleo público institucional, y restituir la asignación reducida al programa de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo y el de fomento de la economía social, además de recuperar las escuelas-taller, las casas de oficio y los talleres de empleo.
La elevada duración de la crisis y el impacto de las sucesivas medidas normativas aprobadas con el fin de restringir el número y cuantía de las prestaciones por desempleo y de reducir el gasto público, deteriora la protección que perciben los trabajadores desempleados con derechos a prestaciones, cuyo número avanza en 2012 a un ritmo muy inferior al de los parados inscritos.
La relación entre beneficiarios de prestaciones por desempleo y parados inscritos no llegaba al 55% al acabar 2012, un porcentaje muy bajo y notablemente menor que el que resulta en España, probablemente consecuencia de la temporalidad del mercado laboral murciano, que deja a casi la mitad de los desempleados sin ningún tipo de ingresos.
Jiménez consideró de justicia invertir tal tendencia por razones de justicia social y equidad, y flexibilizar los requisitos para permitir un mayor número de beneficiarios en la denominada renta activa de inserción y del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Los perfiles de riesgo de pobreza con empleo son cada vez más frecuentes en los hogares que dependen de ese único sueldo, especialmente los de familias numerosas o monoparentales, informó en rueda de prensa el miembro del CES, Juan Antonio Pedreño.
El estudio constata que durante esta crisis ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza por lo que, según Pedreño, serían necesarias políticas públicas "transversales" en educación, vivienda y empleo, así como beneficios fiscales.
Se han constatado elevadas tasas de abandono temprano del sistema educativo y el aumento del porcentaje de jóvenes que no han alcanzado educación secundaria de segunda etapa, por lo que el CES pide aminorar el abandono temprano de la educación abordándolo desde la prevención, la intervención y la compensación, y mejorar la adaptación de la FP a las necesidades del mercado de trabajo.
Las conclusiones del CES estiman que la crisis se ha agravado en 2012, año en el que el PIB volvió a descender, en que se aceleró la destrucción de empleo y se amplió la distancia respecto al nivel medio de renta por habitante de España.
El vicepresidente primero del CES, José García Gómez, explicó ese empeoramiento por la debilidad del consumo intensificado a causa de las medidas llevadas a cabo para corregir el déficit público.
"Será difícil salir de este bucle sin promover simultáneamente iniciativas que a corto plazo impulsen el crecimiento económico, fundamentalmente la inversión pública y estímulos directos a la inversión privada", añaden las conclusiones del CES aprobadas por unanimidad de sus miembros.
"Con nulo éxito" desde 2008 esta memoria del CES proponía la necesidad de un acuerdo entre todos los agentes políticos, sociales y económicos para impulsar concertadamente actuaciones que paliaran las consecuencias de la crisis, pero tras el reciente Debate del Estado de la Nación, el Consejo valora los avances entre los dos principales partidos por la puesta en marcha de un Plan para combatir el desempleo juvenil o la creación de un Fondo extraordinario de atención social.
En la memoria se indica además que para reducir el stock de vivienda sería preciso rebajar los precios más de lo que se ha hecho y recuperar el crédito hipotecario, "pues a niveles adecuados de precios existe demanda solvente".
Por su parte, el vicepresidente segundo del CES, Antonio Jiménez, ha destacado que las políticas de fomento del empleo han experimentado un importante recorte a consecuencia de la crisis, y se han perdido 29 millones de euros y cerca de 42 con respecto a la dotación de 2009, para situarse en un montante similar a 2003, y ello en un contexto de "brutal crecimiento del desempleo", que demanda más recursos financieros.
Por ello, Jiménez consideró conveniente recuperar los programas de desarrollo rural y de empleo público institucional, y restituir la asignación reducida al programa de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo y el de fomento de la economía social, además de recuperar las escuelas-taller, las casas de oficio y los talleres de empleo.
La elevada duración de la crisis y el impacto de las sucesivas medidas normativas aprobadas con el fin de restringir el número y cuantía de las prestaciones por desempleo y de reducir el gasto público, deteriora la protección que perciben los trabajadores desempleados con derechos a prestaciones, cuyo número avanza en 2012 a un ritmo muy inferior al de los parados inscritos.
La relación entre beneficiarios de prestaciones por desempleo y parados inscritos no llegaba al 55% al acabar 2012, un porcentaje muy bajo y notablemente menor que el que resulta en España, probablemente consecuencia de la temporalidad del mercado laboral murciano, que deja a casi la mitad de los desempleados sin ningún tipo de ingresos.
Jiménez consideró de justicia invertir tal tendencia por razones de justicia social y equidad, y flexibilizar los requisitos para permitir un mayor número de beneficiarios en la denominada renta activa de inserción y del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
