Hace tres semanas se publicaron los datos actualizados de la deuda pública y estos, lejos de sorprender, por lo cotidianos que ya se han vuelto, no deben dejar de ser motivo de análisis y cierta crítica. El hecho de que la Administración Pública alcance una deuda cercana al 90% del PIB, es decir, a la capacidad productiva que nuestro país atesora es, para los que centramos nuestra actividad al ámbito privado, más que insoportable aunque también, de cierta envidia.

Insoportable, porque considerando tan alto nivel de deuda, es evidente que esta devenga una muy significativa carga financiera en forma de intereses, por lo que, si extrapolamos esta situación al ámbito de la empresa, sería muy normal que, aunque en nuestra actividad fuésemos capaces de sacar una muy buena rentabilidad derivada de nuestras operaciones y, una vez deducidos los costes directos y los gastos generales o de estructura, obtuviéramos un interesante y generoso resultado ordinario, el coste financiero que dicho concepto supone se encargaría de mermar aquel y situar nuestro resultado antes de impuestos en niveles irrisorios, cuando no negativos, obligándonos pues a tomar medidas respecto a la amortización acelerada de esa deuda o, no siendo esto posible, a elevar nuestra facturación a mayores niveles que fuesen capaces de reducir porcentualmente ese coste respecto al volumen de negocio y generar, en términos absolutos, el necesario remanente que garantice la viabilidad de nuestra empresa. Así mismo, en términos de tesorería, el devengo de tan elevados intereses, nos obligaría a un enorme esfuerzo para su liquidación, a lo que habría que sumar el también realizado para la amortización de su principal (capital).

Envidia, porque para la empresa privada es imposible, que no necesario, acceder a ese nivel de financiación, aunque sea para destinar una muy importante parte de ella a la liquidación de los intereses que generan la deuda anteriormente suscrita, como sucede con las sucesivas emisiones de deuda pública, dando lugar a una espiral de creciente necesidad de financiación. El hecho de que esto genere envidia no es porque la situación sea idílica y ni mucho menos recomendable, ni para la Administración Pública ni para la empresa privada, sino porque resuelve de un plumazo el más que preocupante problema de liquidez que vienen atravesando la mayoría de empresas, siendo esta circunstancia extrema en el caso de las pymes y, contando con esa posibilidad, nos permitiría relajar la extenuante atención que debemos constantemente prestar a este asunto, pudiendo entonces trabajar en la generación de negocio y en la mejora de la eficiencia de nuestras operaciones, pasando entonces de un estado de acuciante necesidad a otro  de óptimo apalancamiento que es donde normalmente se mueve el sector privado, a diferencia del público.

Evidentemente, sería una insensatez por mi parte insinuar tener una posible una solución al grave problema al que se enfrenta nuestra Administración Pública además, ni siquiera sabría decir cual de las variadas soluciones, que en diferentes momentos prestigiosos economistas ya han presentado, es la más idónea, lo que si podemos y debemos tener claro es que sería muy recomendable que el sector público dejase de acaparar la mayoría de recursos que el sistema financiero nos puede ofrecer, dejando que aquellos llegasen al sector privado para el mejor desarrollo de su actividad. De este modo, acabaríamos con la injusticia que supone el enorme desequilibrio de fuerzas que se plantea a la hora de acceder al crédito y que por analogía, igual que hablamos de competencia, podríamos definir como de “financiación desleal”.

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