El conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha instado hoy al Gobierno central a solicitar la suspensión cautelar de la devolución de las ayudas al naval entre 2007 y 2011 mientras no se resuelva el posible recurso que presentará al Tribunal Europeo de Justicia.

La Comisión Europea exigió ayer a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales, tras lo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó la puerta abierta a recurrir los términos de esta decisión, medida que defiende Galicia.

Esta mañana, el titular de Industria gallego ha explicado, en una entrevista a la Radio Galega, que la Xunta trabajará a partir de ahora en una doble dirección, como es, en primer lugar, la de "defender los intereses de los astilleros de una decisión injusta e irresponsable" que ya analiza el Ejecutivo autonómico.

"El Gobierno debe presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo e incluso solicitar la suspensión cautelar de las ayudas" mientras aquel no se resuelva, ha subrayado Conde, quien también ha garantizado que desde la Xunta trabajarán para que los inversores no tengan que devolver dichas ayudas, como tampoco lo harán los armadores y los astilleros.

La segunda línea de actuación pasa por "generar confianza entre los inversores" para que "Galicia y España sigan contratando barcos", para lo que se necesita su financiación.

"No dejaremos de trabajar por este futuro con los astilleros", ha incidido.

Conde ha recordado que el comisario Joaquín Almunia "cambió hasta tres veces" esta resolución, ante la que la Xunta ha comprometido un trabajo conjunto con el Gobierno central en un "frente común muy efectivo" para revertir esta situación.

En cuanto a la cuantía de las ayudas a devolver, ha incidido en que dicho cálculo corresponde al Gobierno pero ha dicho que se trataría de "una cuantía menor", por lo que ha confiado en todo caso en una situación "asumible" para los inversores.

El conselleiro gallego ha recordado que la Comisión Europea tardó cinco años en abrir un expediente tras las denuncias de los astilleros holandeses en 2005 y ha agregado que esta "inacción es suficientemente consistente para que ahora ninguna de las partes que en su momento lo único que hicieron fue cumplir la ley tengan que hacer frente a esas devoluciones".