La Administración General del Estado (AGE) prepara un protocolo de actuación para hacer frente a los crecientes casos de agresiones que sufren los empleados públicos, según ha informado hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

La organización ha informado en un comunicado de que este protocolo incluirá un registro sistematizado de agresiones, insultos, amenazas o imprecaciones en todos los ámbitos, así como planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.

Para realizar este estudio pormenorizado, tras el verano CSI-F colaborará con el Instituto Nacional de Estadística, dado que hasta el momento no hay datos sistematizados "aunque la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa", han subrayado.

Según aseguran, son especialmente conflictivos las sedes judiciales, los servicios de empleo, las delegaciones de hacienda, jefaturas de tráfico y las prisiones, todos ellos lugares donde los ciudadanos llegan "afectados por situaciones personales muy graves".

La organización ha reclamado la implicación de la administración y la implantación de una cultura de "tolerancia cero" ante las situaciones violentas, así como un aumento de las penas por agresión a la autoridad.

Según el sindicato, las agresiones a los empleados públicos en la administración han aumentado exponencialmente desde que comenzó la crisis económica, junto a una campaña de desprestigio contra los funcionarios.