No estoy de acuerdo en cómo ni por qué hemos tenido –España, digo- que modificar la Magna Carta, la Ley de leyes, la Constitución, o sea, cuya virtud guardábamos como canes Cerberos, desde su aprobación en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, como garantía de la unidad de la Nación, la consolidación de la democracia y del “modelo de Estado”.

En el “cómo” porque ni creo que hubiera tanta urgencia que no pudiera esperar a tener un nuevo gobierno, nacido de unas elecciones ya próximas e incluso de nuevo adelantables, en lugar del actual, provisorio, caduco y solitario; ni me parece que algo que siempre nos ha parecido tan tremendo como modificar la Constitución pueda hacerse por la puerta falsa, cuando la gente está –¡oh, virtud de la vacanza!- mirando para otro lado, pasteleándolo entre dos y sin explicar las razones ni de la urgencia, ni de las formas.

Y en el “por qué” porque no se ha dicho a los españoles, claramente, cuál ha sido la razón de esa perentoria corrección constitucional; porque no hay para ello una decisión de las autoridades comunitarias europeas –las competentes en la materia, si acaso-; y porque, por lo que te vas enterando, parecen haberse subvertido procedimientos, jerarquías e influencias, de manera que acabamos dando el paso al que nos hemos estado resistiendo como leones durante casi todo nuestro periodo democrático reciente por las amenazas de Alemania y Francia (a las que, por otra parte y por la desidia del gobierno socialista, nos hemos hecho más que acreedores en los últimos cuatro años).

Pero bueno, vale, vamos a creernos que hacía falta hacerlo, que había que hacerlo urgentemente y que, además, ello puede servir para aliviar esta crisis económica que nos ha traído – con la ausencia de reacción por parte de Zapatero y sus conmilitones- a ser un país intervenido de facto.

Pues ya que se hace, hágase bien, hágase del todo y con todas las consecuencias, si es que nos atrevemos a ello. Si abrimos el melón de la reforma constitucional, hablemos de todo lo que, desde hace casi treinta años -más o menos cuando llega el PSOE por primera vez al poder- se viene diciendo que habría que cambiar, incorporar, eliminar, mejorar.

Hablemos del Título Octavo, De la Organización Territorial del Estado. Y a lo mejor resolvemos que no vamos, precisamente, a incorporar el derecho de autodeterminación como reclaman los chantajistas habituales del PNV; o decidimos que la pretensión catalana de limitar la solidaridad socava directamente las bases del Estado que estamos definiendo; o acordamos que situaciones como la que estamos viviendo en esta crisis económica obligan a poner coto a las competencias autonómicas.

Y puestos a hablar, a lo mejor hasta nos da por redefinir el punto 3 del Artículo 1, y recapacitar sobre eso de la forma política del Estado, la Monarquía y el futuro de doña Letizia.

Si abrimos el melón, puestos a comerse cada uno su raja, podemos quedarnos en las pepitas.

Post scriptum: Nada más apasionante, en las proximidades de unas elecciones generales y un presunto, desde luego posible y parece que probable (pero no seguro) cambio de gobierno, que prestar oído a los dimes y diretes de la composición de un futuro gobierno, al baile de ministrables, a las aspiraciones de unos y otras. En el Foro, al contrario que en los papeles locales, no suena ningún ministro del sureste. Ni Ramón Luis, ni Ayala, ni Pedro Alberto… Pero quizás sí un puesto de relevancia en el equipo económico. Sigo con la oreja puesta.