Empujamos a nuestros jóvenes -e incluso a los no tan jóvenes- a irse de España y a buscar trabajo, debido a nuestra permanente  incapacidad para ofrecer soluciones a la vergonzante tasa de paro juvenil -un 56%- que les niega la posibilidad de poder trabajar en su país. En nuestro país, vamos. Desde el año 2008 hasta hoy, el número de jóvenes españoles que han emigrado al extranjero ha crecido un 41%, siendo Ecuador, Reino Unido, Francia y Alemania los principales destinos.  Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil o Perú han sido otros destinos de nuestros jóvenes. Solamente en Ecuador se han ofrecido 5.500 puestos de trabajo para profesores e investigadores, tanto universitarios, como de primaria y secundaria. Alemania es uno de los principales destinos de la Unión Europea, pero la mitad de los jóvenes que emigraron en 2012 han regresado a España debido a las dificultades del idioma y a los complicados trámites para convalidar en Alemania los títulos españoles. Lamentablemente, los océanos supuestamente azules no son tal.

Y si nuestra juventud sufre y nosotros con ella, ¿por qué no lo evitamos?

Eliminando las subvenciones que recibe la radiotelevisión pública, por ejemplo, que ascienden a 2.000 M€ anuales recibidos durante los últimos cinco años (son datos del Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que cuantifica el coste de estas emisoras y canales para los contribuyentes). Suprimiendo igualmente las subvenciones al teatro y al circo, que ascienden a 7,3 M€ según publica el BOE, para actividades relacionadas con la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense.

Controlando con austeridad y rigor el gasto de las diputaciones, cabildos insulares, los consejos provinciales y las diputaciones forales, que sólo en 2012 gastaron 22.000 M€, pese a carecer prácticamente de competencias. Sólo las diputaciones gastaron 5.400 M€.

Deteniendo el incomprensible aumento de plantilla de las CCAA, que sólo en 2012 ampliaron su plantilla en 8.000 empleados. Del conjunto de empleados públicos, 1,6 millones son funcionarios, 613.000 personal laboral y 311.000 interinos, eventuales y otros.

¿Y cuál sería el destino de este descomunal ahorro? Muy claro: pagar las 600.000 facturas que las CCAA y los ayuntamientos tienen aún pendiente de pago, deuda que amenaza a los proveedores con suspensiones de pago y cierre de empresas, evitando más destrucción de empleo. Y promover inversiones públicas rentables y políticas activas de empleo.

Si podemos darles trabajo en España, ¿por qué les echamos?

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