El Instituto de Fomento se siente engañado y ha llevado a Joaquín Navarro, propietario mayoritario de Cofrusa, a los tribunales acusándole de estafa, apropiación indebida, delito contra la Hacienda Pública, falsedad de cuentas, contra la Seguridad Social e insolvencia punible, según el texto de la querella presentada por este organismo público y que hoy publica el periódico La Verdad. Pero no es la única acusación ante los tribunales a las que se enfrenta el último ‘gran conservero’. También el sindicato UGT se querella contra Navarro Salinas y Navarro Alemán (padre e hijo) por los mismos delitos.

El hecho es que los 33,5 millones de euros del crédito sindicado firmado por Banco Popular, Banco de Valencia, Cajamurcia, CAM, Banco de Santander, BBVA y el holandés Rabobank no se destinaron íntegramente al mantenimiento de la actividad y el empleo en las factorías de Halcón Foods (Halcón, Campos del Río, y Conservas Fernández, Calasparra), compradas por Cofrusa a través de Mediterra en 2009, sino que sirvieron, según se sospecha, a cubrir la cuantiosas pérdidas que presentaban los balances de la propia Cofrusa y de la filial inmobiliaria del grupo, Proconsa.

La concesión del aval por parte del Info no era un cheque en blanco para que Cofrusa hiciera y deshiciera a su antojo, si no que debía ajustarse a un plan de viabilidad elaborado por la prestigiosa firma Ernst & Young y presentar cuentas cada tres meses para ser fiscalizadas por Altair Consultores. Sus informaciones y balances, en cualquier caso, nunca fueron claras, como tendrían ocasión de comprobar los alcaldes de los tres municipios afectados, los sindicatos y el propio Instituto de Fomento, que formaban parte de la mesa de seguimiento de la operación.

A pesar de los reiterados llamamientos a Cofrusa  para que explicará qué se estaba haciendo con el dinero, la empresa no sólo eludía la respuesta, si no que reclamó un segundo aval por valor de 22 millones de euros más para un segundo crédito. La explicación era que necesitaba circulante para seguir con la actividad durante las campañas de la fruta. 

El Info en esta ocasión no avaló ningún crédito ante las sospechas que tenía sobre el destino del primero de los créditos y de nada sirvieron las amenazas de Cofrusa tratando de poner a los trabajadores como escudo entre la empresa y la administración. El Instituto de Fomento reclamaba más información y la conservera la soltaba con cuentagotas. Finalmente, mientras la negociación seguía abierta, los abogados de Cofrusa presentaban por sorpresa la declaración voluntaria de concurso de acreedores.

De la filial inmobiliaria del grupo es la torre de oficinas Proconsa levantada en la ronda sur de Murcia (mínimamente ocupada), además de residenciales en Mula, los edificios más representativos de la avenida de Europa y alguno más en el jardín de la Seda.

Como una representación hecha de piezas de dominó, las dificultades para sostener las empresas han ido contagiando unas a otras. En el caso de Cofrusa, la empresa se declaró en suspensión de pagos en diciembre de 2010 (aceptada en marzo de este año) con una deudas de 50 millones de euros con la banca, la proveedora de envases Mivisa y agricultores, principalmente. Además, también presentó un ERE para el 80% de la plantilla. Halcón Foods hizo lo propio y sobre sus 400 trabajadores pende otro Expediente de Regulación de Empleo. Otra filial como Cofrusa Cogeneración también está en concurso de acreedores y, en cuanto a Campos del Río, su actividad es prácticamente nula.