Grecia celebra hoy su quinta huelga general del año contra las medidas de ajuste del Gobierno de Andonis Samarás, un paro que al igual que en los anteriores afecta básicamente al sector público, con funcionamiento normal del comercio.

Desde la medianoche están amarrados a puerto todos los barcos y no circulan autobuses, trolebuses y trenes, mientras que lo hacen con plena normalidad los metros y tranvías.

Los controladores aéreos celebrarán una huelga de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 hora local (10.00 y 13.00 GMT), y hasta las 16.00 hora local (14.00 GMT) el personal aeroportuario, lo que ha llevado a algunas cancelaciones y numerosas modificaciones de horario.

Así, el aeropuerto de Atenas ha modificado los horarios de una veintena de vuelos internacionales y de más cuarenta vuelos nacionales.

Durante las tres horas que durará el paro de los controladores, solo se despacharán los vuelos de emergencias de hospitales y los de aviones militares que participan en maniobras ya programadas.

Los hospitales solo ofrecen durante toda la jornada servicios mínimos, mientras que permanecen cerrados colegios y universidades, juzgados y la mayoría de oficinas municipales.

La huelga, convocada por las dos principales confederaciones sindicales, GSEE que representa al sector privado, y ADEDY, al público, se dirige contra una serie de medidas aprobadas por el Gobierno, como los recortes en los derechos laborales, la abolición de facto de los convenios colectivos, el despido o traslado forzoso de funcionarios y la privatización de empresas públicas.

Los representantes sindicales exigen además la abolición de la parte del impuesto sobre bienes inmuebles que se introdujo solo transitoriamente y que una nueva ley contempla establecer de modo permanente.

También exigen que se mantenga la moratoria a los desahucios, que se levantará a partir del próximo año.

La huelga coincide con la nueva visita de los representantes de la troika de acreedores, quien ayer retomaron en Atenas su análisis sobre los progresos de Grecia en el cumplimiento del programa de reformas y de cuyo veredicto dependerá el desembolso de un nuevo tramo de ayuda por valor de 1.000 millones de euros.