Desde finales de Julio tenemos encima de la mesa las propuestas del ministro, José Manuel Soria, y del secretario de Estado de Energia, Alberto Nadal, para reformar el marco regulatorio del sector eléctrico y resolver los problemas endémicos de los que adolece. Se ha presentado la Reforma como un intento de evitar que los consumidores asuman subidas de la luz que alcancen hasta un 42%. Se ha insistido en comunicar de todas las maneras posibles que no queda otro remedio para evitar el colapso del sistema que reducir sus costes (menos primas a las renovables, reducción de la remuneración a actividades reguladas de transporte, distribución y extrapeninsulares, reducción de los pagos por capacidad, etc.) y de este modo dar al sector estabilidad financiera y sostenibilidad.

En una primera lectura de toda la batería regulatoria, sí que aparecen elementos que apuntan a esa mayor protección del consumidor. Sin ir más lejos como consecuencia de todos los recortes aplicados, toda esta nueva normativa actualmente en tramitación parlamentaria atajaría teóricamente un problema endémico de nuestro sector como es el del déficit tarifario. Déficit que se está convirtiendo en un serio lastre para la recuperación económica de España por su dimensión - cercana a los 30 Billones de euros, o el 3% del PIB del Estado. Esta reforma es por ello en sí misma, loable ya que contribuirá a eliminar, o al menos, reducir, los desequilibrios entre ingresos y costes del sistema eléctrico. Distorsión que, a pesar de las continuas medidas adoptadas, en los últimos años ha aumentado a razón de unos 5.000M€/año.

Además, la Reforma engloba muchas medidas destinadas a facilitar el día a día del consumidor final de electricidad: mayor simplicidad y transparencia en las facturas, agilización de procesos administrativos de cambio de suministrador, obligatoriedad de mejorar los servicios de atención al cliente  y un paso hacia la futura eliminación de la tarifa en el segmento doméstico mediante  la nueva denominación del suministro a precio regulado, “precio voluntario al pequeño consumidor” reduciendo la aplicación de la “tarifa de último recurso” únicamente a los consumidores vulnerables (que, con algún requisito adicional relativo a los niveles de renta, serán básicamente aquellos que hoy tienen derecho al Bono Social).

Desafortunadamente, un análisis más sosegado, ya no solo teniendo en cuenta la lectura del conjunto de propuestas, sino también las reacciones de los agentes del mercado levantados en su totalidad en armas contra la ¿Reforma? del sector eléctrico, es por fuerza y por sentido común mucho más pesimista:

• En primer lugar, por la vía de los hechos, puesto que los peajes de acceso de aplicación a toda la demanda nacional se incrementaron desde principios de agosto con el fin de recaudar anualmente 900 M€ adicionales, afectando de lleno al bolsillo de todos los consumidores a “proteger”. Además se propone modificar la estructura de peajes en sí misma, incrementando el peso del término fijo o de potencia, lo que impacta muy negativamente en las iniciativas de gestión de la demanda.
• En segundo lugar, por la falta de medios materiales, técnicos y humanos y en general,  los limitados recursos que la  Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia (antes CNE) o la propia Secretaria de Estado de Energía tienen para poner en marcha en toda su dimensión las medidas de inspección, control y mejora anunciadas por la Reforma, de manera que se  incremente la transparencia y la accesibilidad de los consumidores a contenidos didácticos sobre lo que está pasando en el sector.
• En tercer lugar, porque la letra pequeña de la Reforma sigue contemplando la aparición de déficit anual de tarifa que pretende cancelar y que será soportado, hasta el 2 por ciento, por los sujetos de liquidación del sistema y, en el caso de que se supere dicho porcentaje, trasladado forzosamente a los consumidores a través de incremento de peajes.  De hecho, se da la paradoja que una Reforma que pretende conseguir el déficit cero, al equilibrar los ingresos y costes del sistema, no es capaz ni siquiera de garantizar el cumplimiento de su objetivo irrenunciable en este primer año: ya ha anunciado el Ministro de Industria que el déficit de 2013 podría alcanzar los 3000 millones de euros, dado que el objetivo de “cero déficit” depende de múltiples factores:  no se sabe que va a pasar con las reliquidaciones del (antes de la Reforma) Régimen Especial, cómo se va a comportar la demanda, cuál va a ser la aportación real de los Presupuestos Generales del Estado y del Ministerio de Hacienda, etc.
• En cuarto lugar, porque la mayor liberalización propuesta para el segmento doméstico no va a ir más allá de un mero cambio de nombre (de “tarifa de último recurso” a “precio voluntario al pequeño consumidor”), al establecer la regulación una serie de requisitos denominados “razonables” para que cualquier comercializador pueda suministrar ese “precio voluntario”, pero al mismo tiempo asignar los clientes automáticamente a los comercializadores tradicionales ya existentes (obviando el coste de captación de las comercializadoras que puedan ofrecer ese 'precio').
• Por último, y tema de radical importancia, porque la Reforma no propone un asignación completa de los costes de la política energética nacional más allá de los consumidores eléctricos (es decir, sufragada por todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado) y que haga que el cliente final consumidor de electricidad pague solo por la energía y por el uso del sistema. Una Reforma robusta y decidida debiera repartir estos costes (fundamentalmente las primas a las energías renovables) entre todos los sectores energéticos que estén implicados.

La Reforma, en fin, se queda muy corta en cuanto a visión de largo plazo y abordaje de los problemas estructurales de fondo del sector, y en particular, en cuanto al fomento de la competencia en comercialización minorista. Nada cambiará para los más de 22 millones de consumidores que probablemente sigan sin entender de peajes, de subastas  CESUR, etc. y a los que se les transmite de una manera casi demagógica que se les ha salvado de una subida de hasta un 42% de la luz cuando lo que ven es que aumentan notablemente sus facturas.

Desde un punto de vista mayorista, la situación es también de incertidumbre y de frustración: no se habla del modelo del sistema a futuro, de qué tecnologías queremos en nuestro mix de generación y de qué costes nos podemos permitir como país. Se descapitalizan las inversiones realizadas a través de conceptos tan espurios como la “empresa eficiente y bien gestionada”. Se abre la puerta a la retroactividad y a la inseguridad jurídica. Se tiende la mano a la infrautilización de inversiones ya realizadas…etc. Y lo que es peor, todo eso junto llevará a un sistema forzosamente menos eficiente y más caro de mantener, lo que repercutirá en más costes y en peor calidad de servicio para los consumidores.

Desde GDF SUEZ Energia España, como agentes comercializadores de gas y de electricidad con notable presencia en el sector industrial español, entendemos que la solución del problema eléctrico de nuestro país pasa por una regulación que haga que el consumidor pague solo por los MW/h, sin financiar otras decisiones políticas, y que incentive estrategias de eficiencia energética y de gestión activa de la energía consumida, pero poniendo siempre en valor las inversiones ya realizadas del parque generador actual. Muy a nuestro pesar,  no parece que esta Reforma este pensada y diseñada para atender a esos intereses que deberían ser comunes ya no solo para las compañías, sino para los consumidores y, en definitiva, para el propio Estado.