Los procuradores de la Región de Murcia mantienen su oposición al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Cerca de un centenar de representantes de este colectivo se han concentrado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia para mostrar de nuevo su rechazo a este proyecto legislativo y reivindicar su labor.

La concentración -la segunda que realizan los procuradores contra este texto y que se repetirá durante todos los miércoles del mes de diciembre- forma parte de una campaña de movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional para concienciar a la sociedad de la importancia de mantener una figura clave para agilizar los procedimientos judiciales y garantizar su legalidad. La semana pasada, las Cortes de Castilla y León aprobaron una iniciativa parlamentaria, la primera en España, para exigir al gobierno central una modificación del texto del anteproyecto que garantice la continuidad de un colectivo formado por cerca de 10.000 profesionales. En Murcia, este colectivo agrupa a casi 400 profesionales, aunque la desaparición de los procuradores podría afectar, contando con los empleados de los Colegios Profesionales y de los despachos, a cerca de 6.000 personas.

Los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador y la supresión de los aranceles. La primera de estas medidas supondría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos en una administración que en la Región de Murcia acumula ya un retraso medio de 442 días. La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque en la práctica significaría un mayor coste económico para los ciudadanos.

En la Región, los procuradores han recibido el apoyo de varios representantes del ámbito jurídico y político, como el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya; el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco o el consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma, Manuel Campos.

El procurador, considerado en la ley como un agente de la autoridad, es la figura encargada de representar a los ciudadanos ante los juzgados y tribunales. En este sentido, cumple una doble función: agilizar el procedimiento judicial y garantizar que este cumple con todas las normas previstas.

Así, el procurador debe realizar un seguimiento constante del proceso para tener informados a su cliente y al abogado, además de responsabilizarse de todos los trámites procesales, como recibir y firmar las citaciones o notificaciones y asistir a todas las diligencias y actos de un proceso en representación de su cliente. También son los encargados de todos los trámites necesarios para la ejecución de las resoluciones judiciales (autos y sentencias de jueces y magistrados y decretos de los secretarios).