La seguridad jurídica es fundamental en las economías, implica que los inversores pueden saber que en supuestos iguales la administración actuará siempre igual. Esto, junto la calidad de las normas jurídicas, su simplificación y su buena regulación, es fundamental. Las leyes deben ser necesarias, claras y sencillas. Su creación excesiva y su cambio permanente atenta sobre la seguridad jurídica hasta tal punto que los juristas le llaman “diarrea legislativa” (la diarrea es una de las principales causas de muerte en los países subdesarrollados).

El legislador está desatado en España y uno de los sectores económicos más agitados es el financiero debido a la permanente reforma gubernamental iniciada por el PSOE, donde esta denominación es muy oportuna, porque no se está consiguiendo otra cosa que: “la evacuación incontrolada de las heces financieras y la deshidratación”… de la economía real.

Otro de sus efectos es el déficit democrático, porque muchas normas están inducidas por poderes económicos privados y organizaciones internacionales que no se presentan a las elecciones, ni rinden cuentas ante los ciudadanos.

No podemos olvidar que los gobiernos recurren en exceso al Decreto-ley, lo que permite muy fácilmente crear, aprobar y poner en circulación normas con rango de ley. Estas facilidades se crearon solo “para responder a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”; al excluir su participación parlamentaria se facilita -sin filtro- la mencionada “diarrea”.

Según “Economía, España, Liberalismo”, desde 2010 la digitalización de las comunicaciones regulatorias de los gobiernos autonómicos complica la “diarrea legislativa”. Tomando datos de 2009, el Boletín Oficial de Cataluña editó 98.000 páginas, situándose a la cabeza de la siguiente lista, en donde nuestra comunidad murciana ocupa el tercer puesto con 69.412 pags.

Menciona esta revista un estudio del Instituto de Empresa que dice: "Los profesores F. Marcos. y J. Santaló, de este prestigioso Instituto de Empresa, demuestran que, cada vez que se duplica el número de normas, la tasa de crecimiento anual de la productividad se reduce un 3,5%. Y por cada 100% que crecen las disposiciones locales, las solicitudes de patentes en la región caen un 80%.

Este trabajo se refiere a los años 1988-2006, en que el Estado traspasó sus competencias a las CC AA. Y el problema va en aumento, dado que el número de páginas publicadas en todos los Boletines Oficiales se ha multiplicado por 30 entre 1978 y 2008.

 “A nivel regional, el número de páginas publicadas en los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas ha pasado de unas 20.000 en 1983 a multiplicarse por 35 en 2008.

En España hay en vigor más de 100.000 leyes, decretos leyes, reglamentos, disposiciones… y 1 millón de páginas en el BOE y boletines autonómicos.

Sólo en el año 2010 España publicó 276 leyes, 15 leyes forales, 9 leyes orgánicas, 349 reales decretos, 1 real decreto legislativo, 14 reales decretos leyes, 543 órdenes ministeriales y 774 reglamentos.

De este análisis  destaco que la regulación administrativa a nivel regional es de unos 700.000 pags. de Diarios Oficiales Autonómicos. Su volumen no ha dejado de crecer desde 1978, casi multiplicando por 14 el número de páginas de la normativa estatal. Y sus efectos se dejan notar, sobre la economía nacional, ya que esta exagerada reglamentación resta productividad y capacidad de innovación al sector privado.

Existe otro estudio elaborado por los mismos profesores de este IE, uno de los pocos centros de enseñanza españoles que estan dentro del ranking mundial de los 200 mejores (donde del estado español no hay ni uno). En él se demuestra que: “Un aumento del 100% en el número de normas y disposiciones autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5%, con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patente, más del 100% de las solicitudes de modelos de utilidad y de entre el 62% y el 112% de las solicitudes de diseños industriales”. Cayendo tambien el número de solicitudes de marcas y de nombres comerciales con el aumento en la intensidad regulatoria autonómica.

Señala que, salvo alguna excepción, no existe una “relación significativa entre regulación autonómica y el número de nuevos empresarios. Pero existe una “relación negativa entre intensidad regulatoria y el % de establecimientos empresariales con más de 200 empleados”. Se ha demostrado que estos establecimientos son los que más contribuyen a la innovación, ello explica el mayor efecto en aquellas empresas que más innovan”.

Esta es la falta grave de unidad de mercado en una nación que “siempre lo pasó muy mal siempre que se dividió”.

El Consejo General de Colegios de Economistas lleva tiempo alertando acerca de la “creciente hipertrofia legislativa” y “exagerada reglamentación” que sufre España, sobre todo, a nivel autonómico. No obstante, en España se rellenan-como dijimos- más de 700.000 páginas cada año sólo con el contenido de boletines oficiales de las distintas Administraciones. Alemania, con casi el doble de población, lo hace bastantes veces mucho menos.

Esto es un disparate económico, unos costes innecesarios en nuestra economía maltrecha donde aumenta la pobreza y se reducen sueldos, lastrando nuestra competitividad… abandonándonos en un mar de inseguridad jurídica. Habría que legislar menos y mejor. Solo debe haber las leyes necesarias, fáciles de entender y con recorrido largo.

Resumiendo:
•    Soportamos unas 100.000 leyes y normas, donde prácticamente 67.000 son de carácter autonómico (aprox. 1 millón de págs.).
•    En 2013 está previsto que el Estado junto las Autonomías, necesitarán más de 1,2 millones de páginas de legislación.
•    Esto afecta demasiado desfavorablemente a nuestra democracia, nuestra seguridad jurídica y a nuestra economía.

¿Por qué no empiezan por aquí las reformas, en vez de establecerse medidas reductoras que hacen sufrir al pueblo para superar nuestra crisis?

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