La eliminación de los derechos de plantación aumentaría la superficie de cultivo y provocaría excedentes de vino
Pedro Lencina, presidente de COAG Murcia se ha dirigido hoy a los ayuntamientos de los municipios donde se cultiva uva de vinificación, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, para pedirles su apoyo contra la liberalización de los derechos de plantación de viñedos ya que, de aprobarse aprobación, esta organización agraria entiende que se ocasionarían gravísimos daños a la producción regional de vino, amparada en las denominaciones de origen Bullas, Jumilla y Yecla, además de a los viñedos del Campo de Cartagena.
Coag quiere que las distintas administraciones hagan llegar al Gobierno de España –en concreto al ministerio de Agricultura- la oposición de los distintos Ayuntamientos y de la Asamblea Regional a esta liberalización.
Eliminar los derechos de plantación provocaría un incremento no controlado de la superficie de viñedo, lo que supondría romper el equilibrio de mercado, produciéndose los temidos excedentes. Además, esta liberalización establecida por la OCM supone una amenaza para el patrimonio vitícola de la Unión Europea, puesto que conllevaría la deslocalización del viñedo hacia zonas no tradicionales, con la consecuente despoblación de las áreas rurales históricamente productoras de vino.
El objetivo de los agricultores es que España se sume a la iniciativa franco-italiana, firmada por otros 7 países, de prorrogar el actual sistema de derechos de plantación.
Coag quiere que las distintas administraciones hagan llegar al Gobierno de España –en concreto al ministerio de Agricultura- la oposición de los distintos Ayuntamientos y de la Asamblea Regional a esta liberalización.
Eliminar los derechos de plantación provocaría un incremento no controlado de la superficie de viñedo, lo que supondría romper el equilibrio de mercado, produciéndose los temidos excedentes. Además, esta liberalización establecida por la OCM supone una amenaza para el patrimonio vitícola de la Unión Europea, puesto que conllevaría la deslocalización del viñedo hacia zonas no tradicionales, con la consecuente despoblación de las áreas rurales históricamente productoras de vino.
El objetivo de los agricultores es que España se sume a la iniciativa franco-italiana, firmada por otros 7 países, de prorrogar el actual sistema de derechos de plantación.


