Este miércoles se celebra en el juzgado de Instrucción número 4 de Murcia la vista previa por la demanda presentada por la empresa Hydro Management, constructora de la desaladora de Escombreras, contra Hidronostrum, una empresa vinculada al desaparecido Ente Público del Agua, organismo público de la Comunidad Autónoma.

Hydro Management, que estará representada por el bufete internacional Hogan Lovells, es propiedad en un 75% de Cobra -filial de ACS- y el 25% restante está en manos de empresarios murcianos.

Este grupo empresarial construyó la desaladora a propuesta de la Comunidad Autónoma con el acuerdo de 'alquilar' la infraestructura a la CARM para el suministro de agua a las urbanizaciones previstas en la zona; especialmente Novo Carthago, que no ha llegado a construirse.

El compromiso de la Administración regional era asumir su coste y la compra de agua durante un periodo de 25 años, hasta completar un monto total de 600 millones. Sin embargo, aún está pendiente el pago de parte de los años 2011, 2012 y 2013, lo que supera los 32 millones de euros.

Son ahora los impagos los que han provocado la demanda. Hydro Management reclama a la Comunidad 600 millones de euros en 25 años. Esta cantidad corresponde a la inversión realizada en las obras (106 millones), las correspondientes canalizaciones (50 millones) y la posterior venta del agua producida durante los siguientes 25 años, hasta 2034, año en que estaba prevista la entrega de la desaladora a la Administración pública. La planta se inauguró en 2007.

Hydro Management solicita también la rescisión del contrato.

La constructora y gestora de la desaladora ha puesto el caso en manos de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del mundo Hogan Lovells, con oficinas en 43 capitales de los cinco continentes. En España cuenta con despachos en Madrid y Alicante y ha representado, entre otras, a grandes constructoras en licitaciones internacionales, como el consorcio español que construye el AVE Medina-La Meca.

En el caso de la empresa pública, la representación la ha asumido un abogado que no pertenece a los servicios jurídicos de la Comunidad.