Los sindicatos aseguran que el Fondo de Garantía Salarial tiene más de 181.000 expedientes sin resolver
CCOO y UGT han remitido hoy una carta a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, en la que denuncian retrasos de hasta quince meses en los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y han recordado que "hay más de 181.000 expedientes sin resolver".
El Fogasa es un organismo autónomo adscrito al ministerio de Empleo que garantiza el abono de los salarios pendientes de pago por declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa.
En la misiva, los sindicatos han mostrado su "preocupación" por el "atasco" existente en el Fogasa y "los insostenibles tiempos de tramitación de las prestaciones a los que deben hacer frente los trabajadores que han perdido su empleo, que llegan hasta los quince meses cuando los plazos legales son de un máximo de tres".
Los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, que suscriben la carta, también han asegurado que la externalización de servicios propuesta por el Ministerio "está agravando el atasco existente y ocasionando auténticas situaciones de injusticia y discriminación".
Por ello, en la carta han instado al Ministerio a una solución "alternativa y consensuada".
El Fogasa es un organismo autónomo adscrito al ministerio de Empleo que garantiza el abono de los salarios pendientes de pago por declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa.
En la misiva, los sindicatos han mostrado su "preocupación" por el "atasco" existente en el Fogasa y "los insostenibles tiempos de tramitación de las prestaciones a los que deben hacer frente los trabajadores que han perdido su empleo, que llegan hasta los quince meses cuando los plazos legales son de un máximo de tres".
Los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, que suscriben la carta, también han asegurado que la externalización de servicios propuesta por el Ministerio "está agravando el atasco existente y ocasionando auténticas situaciones de injusticia y discriminación".
Por ello, en la carta han instado al Ministerio a una solución "alternativa y consensuada".



