El fiscal ha pedido distintas penas para un total de veinte personas a las que acusa de haber defraudado casi cinco millones de euros a la Unión Europea (UE) con el tráfico ilícito de las 2.500 toneladas de azúcar que consiguieron dentro del cupo del Régimen de Perfeccionamiento Activo.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que los perjudicados son, además de la UE, el Gobierno de Canarias, al que defraudaron más de 1,8 millones de euros, y una empresa, a la que deberán indemnizar con 84.000 euros.

El principal acusado es Antonio L.G., quien, siempre según el fiscal, propuso al también imputado Antonio S.R. poner en marcha una operación a través de la empresa La Manchuela, de la que el segundo era apoderado.

Según la propuesta, la actividad consistiría en realizar las gestiones precisas para acogerse al Régimen de Perfeccionamiento Activo, que justificarían con la puesta en marcha de una industria de fabricación de jalea.

Según este Régimen, el azúcar es introducido en la UE procedente de terceros países sin pagar los aranceles correspondientes, con la condición de que debe ser utilizado para la elaboración de productos que posteriormente son exportados a naciones extracomunitarias.

De conformidad con el plan ideado, y con la presunta participación de los demás imputados y de varias empresas, entre mayo de 1996 y mayo de 1997 simularon un total de 122 expediciones con destino a distintas empresas de Polonia, Eslovenia y República Checa, con el fin, añade el fiscal, de justificar la salida del territorio comunitario de la mercancía transformada.

Una vez en los países de destino, los transportistas igualmente acusados regresaban a su origen, sin descargar mercancía alguna, y en todas las expediciones, la jalea se transportaba en 76 bidones y pesaba siempre lo mismo, 20.672 kilos.

Mientras tanto, el azúcar se vendía a un total de 16 empresas, sobre todo, conserveras, ubicadas en distintos municipios de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante.

El fraude fue descubierto el 23 de noviembre de 1998 en el puerto de Cartagena (Murcia), al ser intervenidos tres contenedores que, según la declaración efectuada, transportaban pulpa de plátano procedente de Canarias cuando lo que contenían realmente eran 71.630 kilos de azúcar.

El ministerio público solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el delito contra la salud pública, por el que estaba imputado uno de los denunciados, al no estar acreditado que el tráfico de pulpa de plátano caducada haya puesto en peligro la vida de los consumidores.

Igual medida solicita respecto a otro imputado, director de una sucursal de una caja de ahorros al no haberse probado que participara con los demás en las operaciones de esta trama delictiva.

Para la celebración del juicio, que está pendiente de señalamiento, el fiscal pide que declaren como testigos ocho guardias civiles y otras cuarenta personas, entre otras pruebas.