Hace unos días fueron las cooperativas agrarias de la Región y ahora se suman los sindicatos agrarios COAG, UPA y Asaja. En todos los casos se considera que esta reforma que propone la Comisión Europea perjudica a la agricultura española en general y murciana en particular. La reducción de las subvenciones pretende, en palabras del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, acabar con el dinero para los agricultores “que acaba en campos de golf y aeropuertos”.

A juicio del ‘números dos’ de Coag-Murcia, Francisco Gil, esta reforma de la PAC no proyecta una política agraria en su conjunto, no defiende la producción comunitaria frente a terceros países y tampoco establece mecanismos de defensa de la calidad alimentaria de producciones extracomunitarias.

Uno de los principales puntos de divergencia entre las organizaciones agrarias y la Comisión  es la propuesta de disponer las ayudas directas a los agricultores a través de tasas por hectáreas, lo que se considera una ‘tarifa plana’ que no tiene en cuenta, siquiera, la creación de empleo. Tampoco mantiene lo que podrían considerarse “derechos históricos” de los agricultores españoles.

Bruselas, por su parte, pretende establecer unos máximos de ayudas que no podrán sobrepasar los 300.000 euros anuales por explotación para evitar que sean los terratenientes quienes más se beneficien de la política agraria común.
Con los recortes se quiere reducir el presupuesto comunitario para la Agricultura, unos 60.000 millones de euros al año, de los que 7.500 M€ se destinan a España. Los 60.000 M€ representan el 40% del presupuesto de la UE y el objetivo es que no supera el 33% en el horizonte del año 2020.

En términos similares a los expresados por Coag se ha manifestado la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, organización que considera que la propuesta comunitaria es una “ataque directo” a la agricultura productiva, que no aborda el reequilibrio de la cadena alimentaria y vuelve a dejar desamparados a los agricultores frente a los sistemas de distribución.

Por su parte, Asaja valora que la reforma representa más burocracia y que plantea “incoherencias e interrogantes que no resuelve”.

Entre tanto, el director general para la Política Agraria Común de la CARM, Joaquín Maestre, participó hoy en Madrid en la reunión de presentación de la propuesta española ante la reforma de la PAC.

La presentación está dirigida por el director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, José Manuel Silva Rodríguez. Paralelamente, las comunidades autónomas y el Ministerio mantienen un calendario de reuniones para diseñar el posicionamiento común español ante la próxima reforma. La Región de Murcia mantiene su preocupación por algunos de los contenidos que se desprenden de las filtraciones de los nuevos reglamentos. El Gobierno regional viene trabajando con el sector agrario regional en los aspectos más importantes que debe introducir el nuevo texto, como el establecimiento de un marco legal que garantice las rentas de los agricultores, así como mecanismos de gestión de crisis y de mercados más ágiles y eficaces.

Al término de la reunión, Joaquín Maestre indicó que en esta reforma“no está representada nuestra agricultura”, y considera “peligrosos” muchos de los cambios que contempla respecto a la normativa actual. Asimismo señaló que el momento de crisis económica que atraviesa Europa “no es el ideal” para realizar “estos cambios tan extremos” en el presupuesto. Maestre explicó también que “la excesiva burocratización” supone una “enorme complicación” para los agricultores y Administración “con una gestión más dificultosa”.

La consejería de Agricultura ya remitió el pasado año al Ministerio y a la Comisión Europea el posicionamiento de la Región de Murcia y del sector agrario regional sobre la nueva PAC a partir de 2014. En este documento, se solicitaba una política agraria europea que sea sencilla, segura, sostenible y social. Ahora, una vez conocidas las nuevas propuestas legislativas, reformulará, junto con el sector, su posicionamiento.

Por su parte, al ministerio de Agricultura español tampoco le gusta esta reforma y, al igual que sus homólogos de Francia y otros países buscan fórmulas de oposición y un nuevo texto que, al menos, sea del agrado del sector.

En el caso de España, la ministra Rosa Aguilar afirma que esta propuesta de reforma "merece una enmienda a la totalidad".