El abuso del silencio administrativo en las reclamaciones contra las instituciones está colapsando la jurisdicción contenciosa española con una tasa de congestión del 250%, según denunció el anterior decano del Colegio de Abogados de Barcelona.

En rueda de prensa, Pedro Yúfera presentó los resultados de su informe sobre el estado de la justicia en 2012, que revelaba la severa congestión que sufren los juzgados, especialmente las jurisdicciones social, mercantil y contenciosa.

El colapso en lo social y mercantil viene provocado por la crisis, según el informe de los abogados, pero el origen de la congestión en la jurisdicción contenciosa deriva del abuso del silencio por parte de las administraciones, por no dar respuesta a las reclamaciones que les interponen los ciudadanos.

Según Yúfera, un recurso contencioso puede demorarse hasta cinco años desde su presentación en el juzgado hasta la resolución del litigio, una situación que, en su opinión, no puede afrontarse sólo con la "solución fácil de pedir más juzgados".

La tasa de congestión se obtiene sumando los asuntos ingresados en un año a los que quedaban por resolver y dividiendo esa cifra entre el número de asuntos resueltos. Pues bien, ha considerado "profundamente grave" el colapso de los juzgados contenciosos, que en España alcanzó en 2011 una tasa de congestión del 250%, mientras que el índice de pendencia -el coeficiente entre los asuntos a resolver y los resueltos- se situó en el 150%.

Ya desde Castilla-La Mancha en el año 2008 su Defensor del Pueblo dio la voz de alarma sobre el uso del silencio administrativo, un procedimiento cuyo abuso lleva a la indefensión de las personas que lo sufren. En una comparecencia ante los periodistas, señaló que esto provoca los ciudadanos afectados no tengan argumentos para recurrir ante los tribunales una decisión de la administración. Es decir: una clara y grave indefensión.

Este procedimiento de falta de contestación a un recurso, falta de resolución de otro, falta de razonamiento sobre el hecho recurrido en concreto... Mi asociación AREDEP lo viene denunciando al Defensor del Pueblo de Murcia (hoy desaparecido) desde 2008, sobre todo practicado por el SEF, sin mas contestación del mismo SEF al Defensor, pues el silencio también el SEF lo practicaba.

Desde otra esquina de España, desde Aragón y desde el 2004, el Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo), también alertó del abuso de esta práctica que fue detectado desde su institución, por lo que reclamó un esfuerzo a las administraciones para que cumplan con su deber.

En el mismo documento señala que, en ocasiones, desde las administraciones se aceptan las sugerencias del Justicia, pero posteriormente esos compromisos no se llevan a la práctica. Para evitar esa "falta de cumplimiento de las resoluciones", desde el Justicia se pretendía hacer un seguimiento de las quejas aceptadas, que muchas veces es por “dame pan y dime tonto”, o “lo que tu quieras pero déjame tranquilo”.

Exactamente igual que en Murcia, con el inconveniente de que esos defensores han desaparecido por –parece mentira, con lo que se malgasta- “ser muy costoso su mantenimiento”.

Las colas del Defensor Nacional y lo comprometidas políticamente que están las Comisiones de Defensa del ciudadano de los Parlamentos Autonómicos, dan un espectáculo muy poco halagüeño de nuestra vida en este país respecto a la protección del ciudadano y su seguridad jurídica frente a los políticos y la administración, de lo que tanto se queja el español, quien se siente: “victima de un secuestro”, con una justicia inalcanzable para muchos.

Así no es posible disfrutar lo que debería ser una verdadera democracia.

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