Ocho de cada diez encuestados por PricewaterhouseCoopers sostiene que la presión fiscal es alta o muy alta
La reforma fiscal debería mejorar la seguridad jurídica, simplificar el sistema tributario y rebajar la presión fiscal a las empresas y los particulares, de acuerdo con la opinión del panel de expertos en materia tributaria elaborado por la consultora PwC.
El informe de PwC recoge la opinión mayoritaria de los expertos sobre la necesidad de reducir la presión fiscal en España y de mejorar el papel de los impuestos como incentivadores de la actividad económica.
El 80% de los encuestados cree que la presión en España es alta o muy alta y un 70% estima que seguirá aumentando en los próximos doce meses.
Esta opinión es mayoritaria tanto si se les pregunta por la presión que soportan las empresas (70%) como las rentas del trabajo (96%).
Asimismo, el 72% asegura que el sistema fiscal español es poco o nada favorecedor de la inversión empresarial, en tanto que el 46% cree que juega un papel negativo para la internacionalización de las empresas y el 47%, para la atracción de la inversión extranjera.
Además, los expertos consideran que la seguridad jurídica y la simplificación son dos de las asignaturas pendientes del sistema tributario español.
En este sentido, el 78% de los encuestados asegura que la seguridad jurídica es baja o muy baja, mientras que un 88% lo califica de complejo o muy complejo.
La coexistencia de varios niveles tributarios (estatal, autonómico y municipal) es considerada por el 77% como perjudicial, mientras que sólo un 2% cree que es ventajosa.
Por ello, el 61% entiende que en España se necesite más tiempo que en el resto de países del entorno para cumplir con las obligaciones fiscales, el 74% cree que la influencia de la normativa tributaria en la toma de decisiones empresariales es alta o muy alta, y el 68% cree además que fomenta poco o muy poco la actividad empresarial.
Respecto al funcionamiento de la Administración en materia tributaria, los encuestados consideran que su nivel de información y asistencia a los contribuyentes es alto o muy alto, pero el 85% dice que la conflictividad fiscal es alta o muy alta.
Al respecto, el 65% opina que los sistemas de resolución de conflictos que ofrece el ordenamiento jurídico español son poco o nada efectivos y un 75% apuesta por fomentar el arbitraje.
Los panelistas no tienen una posición unánime sobre el peso que deberían tener impuestos directos e indirectos en nuestro sistema tributario, ya que mientras un 53% cree que los primeros deberían tener más relevancia, un 47% se inclina por la imposición indirecta.
El panel ha sido elaborado a partir de los cuestionarios respondidos por un centenar de expertos, de los que el 63% son empresarios y directivos, el 16% pertenece al ámbito de la universidad y los centros de investigación económica, el 5% a asociaciones empresariales y profesionales, y otro 5% a la Administración.
El informe de PwC recoge la opinión mayoritaria de los expertos sobre la necesidad de reducir la presión fiscal en España y de mejorar el papel de los impuestos como incentivadores de la actividad económica.
El 80% de los encuestados cree que la presión en España es alta o muy alta y un 70% estima que seguirá aumentando en los próximos doce meses.
Esta opinión es mayoritaria tanto si se les pregunta por la presión que soportan las empresas (70%) como las rentas del trabajo (96%).
Asimismo, el 72% asegura que el sistema fiscal español es poco o nada favorecedor de la inversión empresarial, en tanto que el 46% cree que juega un papel negativo para la internacionalización de las empresas y el 47%, para la atracción de la inversión extranjera.
Además, los expertos consideran que la seguridad jurídica y la simplificación son dos de las asignaturas pendientes del sistema tributario español.
En este sentido, el 78% de los encuestados asegura que la seguridad jurídica es baja o muy baja, mientras que un 88% lo califica de complejo o muy complejo.
La coexistencia de varios niveles tributarios (estatal, autonómico y municipal) es considerada por el 77% como perjudicial, mientras que sólo un 2% cree que es ventajosa.
Por ello, el 61% entiende que en España se necesite más tiempo que en el resto de países del entorno para cumplir con las obligaciones fiscales, el 74% cree que la influencia de la normativa tributaria en la toma de decisiones empresariales es alta o muy alta, y el 68% cree además que fomenta poco o muy poco la actividad empresarial.
Respecto al funcionamiento de la Administración en materia tributaria, los encuestados consideran que su nivel de información y asistencia a los contribuyentes es alto o muy alto, pero el 85% dice que la conflictividad fiscal es alta o muy alta.
Al respecto, el 65% opina que los sistemas de resolución de conflictos que ofrece el ordenamiento jurídico español son poco o nada efectivos y un 75% apuesta por fomentar el arbitraje.
Los panelistas no tienen una posición unánime sobre el peso que deberían tener impuestos directos e indirectos en nuestro sistema tributario, ya que mientras un 53% cree que los primeros deberían tener más relevancia, un 47% se inclina por la imposición indirecta.
El panel ha sido elaborado a partir de los cuestionarios respondidos por un centenar de expertos, de los que el 63% son empresarios y directivos, el 16% pertenece al ámbito de la universidad y los centros de investigación económica, el 5% a asociaciones empresariales y profesionales, y otro 5% a la Administración.
