Los grupos de la Asamblea Regional (PP, PSOE e IU-V) han pedido hoy a todos los ayuntamientos de la comunidad a sumarse al plan regional de lucha contra la economía sumergida para lograr una mejor coordinación de las administraciones en contra del fraude.

La propuesta ha partido del PP, cuya diputada Severa González ha recordado que de los 45 municipios que hay en la Región de Murcia, 25 se han adherido ya a ese plan regional, que favorece la coordinación entre las administraciones local, regional y central en la lucha contra el fraude.

En los 18 meses que lleva funcionando el plan, esos ayuntamientos adscritos han facilitado ya unos 40.000 datos para evitar casos de fraude y fomentar el compromiso con la economía oficial.

El objetivo ahora es que el resto de municipios se sumen también, ya que la estrecha colaboración entre las administraciones facilita la detección de actividades que, aunque son legales, no se declaran y suponen un fraude contra la hacienda pública y la seguridad social, ha considerado.

Se trata de seguir avanzando en el freno a la economía sumergida, que supone una competencia desleal con los empresarios que sí pagan sus impuestos y declaran sus actividades, además de una pérdida de los derechos y protecciones sociales de los trabajadores.

En España, en 2013 el fraude laboral se calcula que supuso en torno al 8 por ciento del PIB, lo que se traduce en un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar e incorporarse al mercado legal, ha subrayado.

El diputado socialista Francisco Oñate se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de luchar contra la economía irregular, que supone ya en torno a una cuarta parte de toda la economía regional.

El objetivo del plan, ha dicho, es adecuado, pero precisa de medidas concretas como el fortalecimiento de la labor de los inspectores, o las campañas en sectores y temporadas muy afectados por ese tipo de prácticas.

No obstante, ha recordado que esta medida ya la acordó la Asamblea a través de las resoluciones de la Comisión Especial de Empleo del pasado 3 de junio, por lo que ha señalado que la moción solo sirve para abundar en algo que ya se está desarrollando.

También ha dado su "apoyo crítico" a la moción el diputado de IU-V, José Antonio Pujante, que ha considerado positivo este plan contra la economía irregular, pero ha indicado que son aún pocos los ayuntamientos que se han sumado.

En cualquier caso, la mayoría de esos consistorios, ha recordado, están gobernados por el PP, al igual que la comunidad autónoma, por lo que el Gobierno autonómico no debería tener problema alguno en impulsar su adhesión, sin necesidad de debatir el asunto en la Cámara.