La fiscalía ha decidido presentar un escrito contra el Barcelona para investigar la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública, dentro del procedimiento contra Sandro Rosell que se inició a raíz de la denuncia del socio Jordi Cases, según acaba de publicar el diario Marca.

Según el periódico deportivo, entienden que hay indicios de una gestión irregular, con independencia de quien fuera el gestor al cargo. Es decir, consideran al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica responsable del presunto delito, más allá del nombre del presidente que llevase a cabo la mala gestión.

Entra de lleno, por lo tanto, el conjunto azulgrana en un proceso que hasta la fecha iba sólo contra su ex presidente, Sandro Rosell. Son dos delitos (contra la Hacienda Pública y apropiación indebida por distracción) dentro del mismo proceso, que seguirá llevando el juez Pablo Ruz. Esta nueva vía en el caso del fichaje de Neymar se argumenta a partir del artículo 310 bis del Código Penal, que fue modificado en 2010 precisamente en lo referente a imputar a personas jurídicas.

Fuentes de la Audiencia Nacional explican a Marca que se trata de un caso meridiano, y que se toma esta decisión porque hay una base muy sólida para imputar estos indicios de delito.

A partir de ahora, el Barcelona deberá designar un representante legal que defienda sus derechos. En el escrito de esta mañana, se solicitan diligencias para que la Agencia Tributaria aporte toda la documentación del club catalán. Todavía no se ha llamado a nadie a declarar, en esta primera fase del caso.

Se trata de un presunto delito que, al estar dirigido hacia persona jurídica y no física, no puede llevar aparejadas penas de cárcel, con lo que se trataría en el peor de los casos de una fuerte multa para el club, si resultasen condenados. La sanción, dependiendo de cuantía, sería desde el doble hasta el cuádruple de la cantidad defraudada. Además, si queda demostrada la mala gestión, nada impide imputar al gestor responsable de la misma, de forma individual.

Se considera delito contra la Hacienda Pública a partir de 120.000 euros, una cifra superada con creces en cualquiera de los contratos relacionados con Neymar.