La demanda por impagos ya está en los juzgados y pendiente de una nueva vista la próxima semana
El Gobierno de Murcia negocia con ACS el pago de 600 millones de euros que reclama judicialmente la constructora por las obras de la desalinizadora de Escombreras.
En un pleno de la Asamblea Regional, el diputado del PP Alberto Garre ha informado hoy de que la comunidad está negociando un principio de acuerdo con la empresa de Florentino Pérez para 'transaccionar' la demanda interpuesta contra Murcia por supuestos impagos.
La demanda ya ha comenzado a verse en los juzgados y se ha convocado para la próxima semana una nueva vista después de que el pasado 22 de enero la Comunidad defendiera que ya había comenzado a pagar la deuda.
Durante el debate de una moción del PSOE para pedir una comisión de investigación sobre la puesta en marcha de esa planta, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad a esa propuesta al considerar que no es razonable abrir una comisión sin haber escuchado las explicaciones al respecto del consejero de Agricultura , Antonio Cerdá, por lo que ha pedido su comparecencia, una propuesta que han apoyado el resto de los grupos, que han presentado una solicitud conjunta.
En ese contexto, Garre ha confiado en que ese acuerdo con ACS salga adelante y se efectúe el pago de los costes de construcción según estaba establecido en el contrato firmado con la compañía, en un plazo de 25 años, hasta 2034.
En su opinión, esta infraestructura debe continuar prestando sus servicios para abastecer a la ciudad de Cartagena, a la comarca y sobre todo al complejo industrial asentado en el Valle de Escombreras.
El diputado socialista Manuel Soler, que ha decidido retrasar la petición de la comisión hasta escuchar la comparecencia de Cerdá, ha recordado la gravedad de la demanda judicial de la constructora, que se debe a que la comunidad es "morosa" y no ha pagado las cuotas establecidas en su contrato.
La planta, ha señalado, "no era necesaria", sino que se construyó por encargo de la comunidad autónoma de cara al desarrollo de determinados proyectos urbanísticos que no tenían el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
El diputado de IU-V, José Antonio Pujante, ha denunciado que la infraestructura supondrá un coste millonario para todos los ciudadanos de la región, y ha asegurado que se trata de "un disparate" que "si no judicialmente, al menos sí políticamente, es un claro caso de malversación de fondos públicos, y los responsables de la actuación deberían dimitir".
En un pleno de la Asamblea Regional, el diputado del PP Alberto Garre ha informado hoy de que la comunidad está negociando un principio de acuerdo con la empresa de Florentino Pérez para 'transaccionar' la demanda interpuesta contra Murcia por supuestos impagos.
La demanda ya ha comenzado a verse en los juzgados y se ha convocado para la próxima semana una nueva vista después de que el pasado 22 de enero la Comunidad defendiera que ya había comenzado a pagar la deuda.
Durante el debate de una moción del PSOE para pedir una comisión de investigación sobre la puesta en marcha de esa planta, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad a esa propuesta al considerar que no es razonable abrir una comisión sin haber escuchado las explicaciones al respecto del consejero de Agricultura , Antonio Cerdá, por lo que ha pedido su comparecencia, una propuesta que han apoyado el resto de los grupos, que han presentado una solicitud conjunta.
En ese contexto, Garre ha confiado en que ese acuerdo con ACS salga adelante y se efectúe el pago de los costes de construcción según estaba establecido en el contrato firmado con la compañía, en un plazo de 25 años, hasta 2034.
En su opinión, esta infraestructura debe continuar prestando sus servicios para abastecer a la ciudad de Cartagena, a la comarca y sobre todo al complejo industrial asentado en el Valle de Escombreras.
El diputado socialista Manuel Soler, que ha decidido retrasar la petición de la comisión hasta escuchar la comparecencia de Cerdá, ha recordado la gravedad de la demanda judicial de la constructora, que se debe a que la comunidad es "morosa" y no ha pagado las cuotas establecidas en su contrato.
La planta, ha señalado, "no era necesaria", sino que se construyó por encargo de la comunidad autónoma de cara al desarrollo de determinados proyectos urbanísticos que no tenían el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
El diputado de IU-V, José Antonio Pujante, ha denunciado que la infraestructura supondrá un coste millonario para todos los ciudadanos de la región, y ha asegurado que se trata de "un disparate" que "si no judicialmente, al menos sí políticamente, es un claro caso de malversación de fondos públicos, y los responsables de la actuación deberían dimitir".