Unanimidad total. Las Cortes Valencianas han aprobado sin ningún voto en contra la creación de una comisión de investigación sobre el proceso que desembocó en la intervención de Caja Mediterráneo por el Banco de España.

No había posibilidad de sorpresa después de que el portavoz del Grupo Popular, Rafael Blasco, anunciara el pasado martes que el PP apoyaría la comisión de investigación que había solicitado Esquerra Unida para "aclarar qué ha pasado en la caja" y analizar tanto las indemnizaciones que por diversos conceptos han recibido sus gestores como los avales autorizados para proyectos no viables y para delimitar las responsabilidades políticas.

En el trascurso el pleno celebrado en el parlamento autonómico este jueves, la oposición ha puesto en duda la tarea supervisora que realizó el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
El grupo socialista ha pedido a los directivos de la CAM ahora fuera de la entidad que "devuelvan las indemnizaciones millonarias y los exagerados planes de pensiones" y a los consejeros, las retribuciones "que nunca debieron cobrar".

CCOO exige al Gobierno de Fabra que asuma su responsabilidad
La Sección Sindical de CC OO en CAM considera “un ejercicio de cinismo” la aceptación por parte del PPCV de la propuesta de EU de creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la CAM. Desde el sindicato afirman que esta postura es forzada, ya que “se han visto abocados a ello por el temor al rechazo social que supondría su negativa”.

Además, desde la sección sindical temen que, aprovechando su mayoría parlamentaria, el Partido Popular intente convertir en una farsa dicha comisión, “utilizándola para eludir su parte de responsabilidad en la actual situación de la CAM”.

A su juicio, la estrategia pasaría por cargar sobre el Banco de España todas las culpas, intentando desviar así el foco de atención y “obviando su nefasta supervisión”.

Comisiones Obreras reclama al gobierno de la Generalitat “que dejen a un lado tanta hipocresía y pongan todos sus esfuerzos e influencias en exigir a quien corresponda el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, así como la Obra Social del grupo CAM”.

El sindicato considera imprescindible que la comisión de investigación “tenga un verdadero afán de encontrar responsables directivos y políticos”, renunciando de entrada a intereses partidistas.

Cabe recordar que el Gobierno Valenciano nombra a la mayoría de los miembros en los Órganos de Gobierno de las Cajas Valencianas y que tanto la presidencia (Modesto Crespo) como las vicepresidencias son cargos puestos directamente por los presidentes de las comunidades de Valencia y Región de Murcia (el ya ex presidente Camps y Valcárcel).

El sindicato también critica la utilización de la Caja como instrumento financiero para “infinidad de inversiones ruinosas” emprendidas por los distintos gobiernos del PP en estos últimos 15 años, aunque todas ellas “de mucho relumbrón”, como Terra Mítica, el aeropuerto de Castellón, o la Ciudad de la Luz. CC OO denuncia que el partido habría colocado a ejecutivos y consejeros de baja o nula cualificación al frente de dichos proyectos, con el único fin de “controlarlos mejor”.

Por tanto, la sección sindical de CC OO "responsabiliza tanto al gobierno valenciano como al Banco de España de la actual situación de la entidad. El Consell debe asumir que su responsabilidad es igual, si no mayor, pues tienen el control directo en un primer estadio de la gestión y la supervisión de la CAM” afirman.

Según la organización sindical, el gobierno valenciano hizo dejación de las funciones de supervisión que le corresponden. En concreto, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) –“funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo tutela de la GVA, como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".