El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite varias cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto a la supresión por parte del Gobierno de la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de la inflación en 2012.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar esta cuestión ante la posible vulneración del mandato constitucional que establece la irretroactividad de las leyes restrictivas de derechos.

Asimismo, el Alto Tribunal ha considerado que también se podría haber vulnerado el artículo de la Constitución que establece que nadie podrá ser privado de sus derechos "sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización".