La región de Murcia dispone de 153 mercados públicos, que suman 13.000 puntos de venta ambulante en todos los municipios murcianos, entre los que destacan los de Cartagena, Lorca y Murcia, ciudades que aglutinan 19, 11 y 54 mercados, respectivamente.

Estos datos se han puesto de manifiesto hoy en el marco de la comisión parlamentaria de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo, que ha celebrado una ponencia en la que han comparecido representantes de los mercados regionales para valorar el proyecto de Ley de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia, actualmente en tramitación y que se debatirá el próximo miércoles en la Asamblea Regional.

La diputada del PP Ana Aquilino ha destacado que el anteproyecto de ley sobre la venta ambulante permitirá "eliminar obstáculos a la libertad de establecimiento y al libre ejercicio de esta actividad comercial" y que "una vez esté garantizada la igualdad y concurrencia competitiva para acceder a esta profesión, favorecerá la creación de tejido empresarial y de autoempleo".

Según ha explicado, el anteproyecto "establece un nuevo marco regulatorio que prevé que las licencias para ejercer la venta ambulante se otorguen mediante concurso público, para un mínimo de ocho años y un máximo de doce, prorrogable por un periodo máximo de otros doce años", al tiempo que "establece criterios uniformes para otorgar licencias en todos los ayuntamientos murcianos, con requisitos mínimos para las ordenanzas municipales".

Asimismo, "se eliminarán trabas administrativas al instaurar la 'declaración responsable', lo que facilitará el acceso a nuevos comerciantes para favorecer el autoempleo y el desarrollo de este sector", ha añadido.

La diputada ha indicado también que esta norma regula las obligaciones de los comerciantes para la defensa de los derechos de los consumidores, como por ejemplo "la de expedir tiques de compra, tener a disposición de la autoridad competente las facturas que justifiquen el origen de la mercancía, así como disponer de hojas de reclamaciones y de un seguro de responsabilidad civil".

Por otro lado, se crean registros públicos de venta ambulante tanto en los consistorios como en la Comunidad, que estarán coordinados y gestionados de manera telemática y servirán como instrumentos para planificar y ordenar esta actividad comercial.

Ana Aquilino ha subrayado la importancia del anteproyecto, pues la venta ambulante "es una actividad comercial cuya demanda está incrementándose en los últimos años tanto por parte del consumidor como del productor, especialmente en el sector agroalimentario, al permitir la venta directa de los productos, con lo que se mejora el precio".

A su juicio, "en tiempos de crisis, las actividades de los mercadillos ambulantes crece, ya que hay más demanda en función de los precios, con un especial desarrollo en la zona mediterránea".