La Asociación de Centros de Buceo de la Región advierte de que se podrían perder 300 puestos de trabajo en el sector y unos tres millones de euros al año por la Orden de 4 de junio de 2014 de la consejería de Agricultura que regula el ejercicio de las actividades subacuáticas y perjudica al buceo recreativo.

Apoyan los cupos de buceadores que la Orden establece, pero piden que se tenga en cuenta la estacionalidad del sector, que vive del turismo de buceo, y solicitan una demora en la norma que debe comenzar a aplicarse el próximo lunes, ya que aún no conocen como será el sistema de cobro de tasas, ni las medidas de control que se van a imponer.

"Se ha empezado la casa por el tejado", afirma Juan Carlos Farra, portavoz de los Centros de Buceo de Cabo de Palos, y vicepresidente de la Asociación regional de Centros de Buceo.

Asegura que ha llegado antes la norma que las negociaciones y que no se ha tenido en cuenta las repercusiones para el sector del buceo recreativo.

Por ello solicitan una demora en la aplicación de la misma tras definir los protocolos, los trámites, y cómo se realizará el control de la reserva.

"A nosotros nos piden que el próximo lunes comencemos con el cobro de tasas y aun nadie nos ha explicado bien como se va a realizar", asegura Farra.

Además, afirman que para ellos la buena vida de la Reserva es muy importante y por ello no se oponen a su conservación.

"Que la reserva esté bien conservada es fundamental para nuestro trabajo, por ello somos los primeros que intentamos colaborar con todo tipo de actividades como pueden ser las limpiezas de fondos" afirma el portavoz de los Centros de Buceo de Cabo de Palos.

Añade que ellos no se oponen al control del buceo y a la implantación de cupos, pero creen que no se ha tenido en cuenta la estacionalidad del sector.