El Grupo La Generala ha presentado en los juzgados de lo Mercantil de Murcia la solicitud para acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal (conocido como preconcurso de acreedores), mientras intenta renegociar la deuda provocada por los impagos de las administraciones públicas en los servicios de limpieza viajaria y recogida de basuras, mantenimiento de jardines, atención en parques naturales, prevención de incendios y también de construcción y jardinería.

Fuentes próximas a la empresa han señalado que no es su actividad constructora la que le ha abocado principalmente a esta situación, sino los impagos en la prestación de otros servicios a las comunidades autónomas (Murcia y Valencia, especialmente), además de ayuntamientos (basuras y jardines) y Gobierno central (obras). Distintas fuentes han señalado que sólo los gobiernos de Valencia y Murcia les adeudan en torno a 50 millones de euros.

La deuda actualmente contraída por las administraciones con este grupo alcanza los 90 millones de euros, una cantidad que se incrementa mes a mes por los contratos adjudicados, entre otros por los ayuntamientos de Yecla, Fuente Álamo, Totana, Benidorm y Alfaz del Pi.

Según afirman las mismas fuentes, la compañía está al día en el pago de las nóminas de sus trabajadores, tiene una actividad que genera beneficios y mantiene un balance sólido, con el único problema del retraso en los cobros de las distintas administraciones públicas, que aumenta con las dificultades para financiar la deuda.

La situación de preconcurso está recogida en la Ley Concursal, y permite al deudor comunicar su estado de insolvencia al Juzgado. Desde ese momento, la empresa dispone de un plazo de tres meses para negociar con los acreedores una propuesta anticipada de concurso (negociación de la deuda). Trascurrido ese tiempo y si no hubiera acuerdo, dispondrá de un mes adicional para preparar el concurso y solicitar la declaración. Además, mientras se encuentra en esta situación, ninguna otra empresa podrá solicitar el concurso necesario.

Los representantes de La Generala, grupo presidido por Manuel Martínez Ortuño, están tratando estos días de renegociar la deuda con la banca.

Según el último balance conocido del Grupo La Generala, en 2009 alcanzó un volumen de negocio de 115 millones de euros, un patrimonio de 21 millones y un pasivo en torno a los 114 millones. Aquel mantenía una plantilla de 377 trabajadores fijos y otros 355 eventuales. En la actualidad emplea a unos 1.200 trabajadores.

El preconcurso de La Generala se suma a la situación de otras grandes empresas de la Región que se han visto abocadas a esta situación en los últimos meses: Urdemasa (ya levantado), Villegas, Intersa y Pamai, entre otras.