Las PYMES y el trabajo autónomo han sido una prioridad para el PSOE estos últimos años, como es sabido. Durante el Gobierno socialista se ha aprobado el Estatuto del Trabajo Autónomo, que aporta protección social y nuevos derechos a quienes trabajan por cuenta propia, más de tres millones de personas en España. También se aumentaron los recursos del ICO para paliar los efectos de la restricción del crédito que han sufrido las empresas a causa de la crisis. Y se redujeron cargas administrativas e impuestos que facilitaron la creación de nuevas empresas y la inversión en las ya existentes.

Un gran avance ha sido la creación de la prestación por cese de actividad de los autónomos. O la constitución de la Mesa de Diálogo con asociaciones de trabajo autónomo, de la que salió un acuerdo con 18 medidas para el empleo, la financiación y garantía de pago, la protección social y otras medidas tributarias. Pero también se ha regulado el régimen profesional del trabajador autónomo dependiente económicamente de un determinado cliente, y se ha creado el Consejo del Trabajo Autónomo.

Mención especial merece la Ley de Economía Social, aprobada por el Gobierno socialista, que responde a demandas históricas del sector, como lo homogeneización de los principios básicos de las entidades que responden a este denominador.

Se ha reducido por primera vez desde el inicio de la democracia el tipo general del Impuesto de Sociedades, del 35% al 30%, y las PYMES se han beneficiado a su vez de una bajada del 30% al 25%. También se ha elevado el umbral para facilitar que más empresas puedan acogerse al régimen especial por reducida dimensión, y se han reducido los plazos, y también los costes, para constituir sociedades de responsabilidad limitada.

Una Ley de Fomento Empresarial, que recoge una serie de premisas de apoyo a emprendedores y empresas, está fijada en nuestro programa electoral.