El Gobierno confía en que la reforma fiscal que prepara aporte oxígeno a la economía española y actúe como acicate a la recuperación, propiciando el consumo y la creación de empleo gracias a la previsible mejora en los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos y en la actividad de las empresas.

De momento se trata de un anteproyecto de ley, lo que significa que tiene que pasar por diversos órganos consultivos para que aporten sus opiniones antes de que la reforma vuelva a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes a mediados de julio.

Sin embargo, las líneas generales están trazadas y ayer las mostró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. No es previsible que entre ambos textos haya diferencias de calado.

La reforma diseñada por el Ejecutivo calcula que la rebaja media para los contribuyentes por el IRPF, la figura impositiva que mayor recaudación aporta a las arcas del Estado, será del 12,5% a partir de 2015.

Y ello gracias a una reducción de los tipos de gravamen de la tarifa del impuesto, cuyos tramos pasan de 7 a 5 para simplificar esta figura impositiva.

Junto al IRPF, el Consejo de Ministros ha apostado por la rebaja del impuesto de sociedades, cuyo tipo general disminuirá en cinco puntos, del 30% al 25% en 2016.

El Gobierno calcula que esta reforma permitirá aumentar el PIB en unos 5.500 millones de euros, el 0,55% por ciento, en cada uno de los dos próximos ejercicios.

Esos son los grandes rasgos de la reforma tributaria, ahora falta conocer los detalles. Los explicará el titular de Hacienda el lunes, en una comparecencia ante los medios de información en la sede del ministerio.

Lo que sí se conoce es la intención del Gobierno de no subir el IVA, pese a los requerimientos que en ese sentido le han venido haciendo con insistencia desde instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

La Comisión Europea examinará ahora cuidadosamente la reforma fiscal para ver si es compatible con los compromisos de reducción del déficit adquiridos por España, pero el Gobierno no teme el resultado de ese escrutinio.

En el terreno doméstico, es de esperar que la oposición plantee una dura batalla dialéctica en torno a esta reforma. A las críticas vertidas ayer, tras la aprobación del anteproyecto de ley, se suman las iniciativas parlamentarias que ya empiezan desde esta próxima semana.

En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el coordinador general de IU, Cayo Lara, preguntarán al respecto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respectivamente.

El dirigente socialista se interesará por los objetivos de la reforma fiscal y el de IU lo hará por los efectos que tendrá sobre las desigualdades sociales que ha acentuado la crisis económica.

Precisamente, la marcha de la recuperación económica será una de las cuestiones que debatirán los jefes de Estado o de Gobierno de la UE en la reunión que el Consejo Europeo celebrará el jueves y viernes de la próxima semana.

Los dirigentes europeos reconocerán la mejora de las finanzas públicas, pero aconsejarán seguir adelante con las reformas y la consolidación fiscal para acabar con los altos niveles de desempleo y deuda pública.

La dependencia europea de las importaciones energéticas, en especial de Rusia, será también un punto fundamental en el orden del día de esa reunión.

La conclusión que saldrá previsiblemente de esa reunión es clara: diversificar las fuentes de suministro.