El caso de la ya ex alcaldesa de Pliego, condenada a nueve años de inhabilitación para cualquier cargo público en la Administración (¡por no cerrar un bar que hacía ruido, convencida de que si lo cerraba es cuando la podrían condenar!), y que se niega a dejar su escaño en la Asamblea Regional, deja ver lo tremendamente imperfecto que es nuestro sistema político. La confusión legal sobre si un cargo público debe dimitir o no tras una condena judicial se mantiene, incluso tras una reforma de la Ley Electoral en 2013 que, para contentar a las poderosas corrientes antipolíticas y antisistema, venía a clarificar todo esto.

La ex alcaldesa, independientemente del juicio moral que merezca su aferramiento al escaño, se niega a dimitir como diputada regional por tres buenas razones: primero, porque un Parlamento "no se considera Administración", y por tanto su condena como alcaldesa no la afectaría como diputada. Segundo, porque la reforma de la Ley Electoral de 2013 que obliga a dejar los cargos públicos caso de condena judicial no se puede aplicar, en principio, con efectos retroactivos a hechos anteriores a la aprobación de la norma como aquellos por los que ha sido condenada la alcaldesa. Y tercero, porque su cargo en dicha Asamblea se debe, teóricamente, a la voluntad de los ciudadanos, y no al Partido que ahora le ha pedido que se vaya. Creo que la ex alcaldesa tiene razón sobre el papel. Pero, aparte de la razón sobre el papel, carece de todo lo demás.

¿Debe entregar su escaño de diputada Isabel Toledo? Separemos la legitimidad de la legalidad. Legitimidad no tiene para ello. Legalidad, puede ser perfectamente que sí. Legalmente, hay argumentos para mantenerse en el escaño mientras un Tribunal no la aparte con sentencia firme. Como un importante jurista implicado en el caso ha dicho, en privado: "no se puede juzgar a una prevaricadora cometiendo con ella otra prevaricación mucho más grave". Si resulta que la han elegido los ciudadanos para que sea diputada por sufragio "universal, libre, igual, directo y secreto", entonces, y si su cargo no es incompatible con la sentencia condenatoria, sólo ante los ciudadanos debería responder, no ante sus compañeros de Asamblea. Sólo un juzgado por sentencia firme podría apartarla antes del final de su mandato, especificando que la inhabilitación incluye su cargo como diputada. A esto se acoge Toledo con el argumento de que, si la Asamblea decide "juzgar" por su cuenta antes que los jueces, estarían "prevaricando". Ella no es, en apariencia, un cargo de confianza de la Asamblea ni de su Partido Político, que pueda apartarse en cuanto se pierde esa confianza. Recuerden, ha sido elegida por sufragio "universal, libre, igual, directo y secreto". La realidad, claro, es otra: La ex alcaldesa de Pliego Isabel Toledo SÍ es un cargo de confianza, en la práctica, como diputada regional. Lo es. El problema de repetir tanto que los políticos son directamente elegidos por los ciudadanos en España es que ellos mismos se lo terminan creyendo. La diputada fue puesta por el órgano correspondiente del Partido dentro de una lista cerrada y bloqueada donde los ciudadanos no pudieron discriminar entre nombres. No la eligieron a ella individualmente, sino a unas siglas, en bloque. En realidad, Toledo debe su cargo a su grupo en la Asamblea, es decir, al Partido Popular. Al no tener ya su apoyo, lo lógico  sería renunciar, por muy airada que se pueda sentir, que desde luego tiene motivos para ello (si se inhabilitara a todos los políticos que mantienen bares que hacen ruido, no quedaría ni uno en España).

Por supuesto, y mientras no haya sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia diciendo que se quite de ahí, la diputada tiene artillería legal para mantenerse en su escaño. Ocurriría entonces como con aquella concejala de Alhama de Murcia, Teresa Rodríguez, quien, hace unos años, se opuso a una votación trascendental de su partido en un Pleno: Toledo, de persistir en su empeño, quedaría expulsada del Grupo Popular y tendría que refugiarse en el Grupo Mixto. ¿Le merece la pena a la sra. Toledo con tal de dejar en evidencia a sus todavía compañeros de bancada? Si es por despecho personal, sea. Si es por guardar la dignidad pública y el buen nombre y no dejarse atropellar, me temo que hay poco que hacer porque la ciudadanía, que no se toma la molestia de consultar quisicosas leguleyas, lo único que ve aquí es que quiere seguir de diputada para continuar cobrando. ¿Qué trata de demostrar?