El Tribunal Superior de Justicia ha fijado en 210.000 euros -frente a los 3.000 aprobados por el jurado de expropiación forzosa- el valor de una finca expropiada por las obras de construcción del gasoducto Cartagena-Lorca porque tenía muy buenas "expectativas".

La sentencia señala que por su ubicación y por la situación económica, y, también, por la calificación urbanística de los terrenos, los mismos tenían un valor muy superior al aprobado por el Jurado de Expropiación.

Y añade que ese valor debe referirse al año 2004, cuando el ayuntamiento de Alhama de Murcia, en su aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, los catalogó como Actividad Económica de Suelo Urbanizable Sectorizado.

Indica la Sala de lo Contencioso del TSJ que los propietarios de la finca expropiada no tienen culpa de que con posterioridad a aquella fecha, y como consecuencia de la crisis, "los avatares de la economía" hicieran que su valor en el mercado inmobiliario disminuyera.

El tribunal concluye anulando la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de febrero de 2008 y fijando el valor de los terrenos en 210.000 euros.