Posee varios concesionarios, talleres y boutique para el ‘motero’ en la calle Cartagena de Murcia
El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Murcia ha aceptado la situación de concurso de acreedores a Rubio Gallego Motor, una de las empresas del grupo de Salvador Rubio Barceló. El resto de las sociedades del grupo también han solicitado el reconocimiento de insolvencia, según han reconocido desde el grupo. Estas empresas se dedican desde finales de los años cincuenta a la venta y reparación de motocicletas. Todas ellas se encuentran en el entorno de la calle Cartagena, en Murcia.
Las últimas cuentas conocidas de Rubio Gallego SL recogen un volumen de negocio en el año 2009 de 6,4 millones de euros, y la matriz, Salvador Rubio Barceló, de cerca de 6,6 millones.
Este grupo actúa como concesionario de varias marcas de motocicletas (Honda, Aprilia y Kymco, entre otras), y también cuenta en sus diferentes locales de una boutique para el motorista, taller de reparación, venta de recambios y, por supuesto, de venta de motos nuevas y usadas.
Cuenta con una plantilla superior a la treintena de trabajadores.
El Juzgado ha decidido que Carmen Rubio mantenga la gestión de la empresa como administradora, pero supervisada por un administrador concursal.
Asimismo se da un plazo de quince días a los acreedores para que comuniquen los créditos pendientes de cobro.
Las últimas cuentas conocidas de Rubio Gallego SL recogen un volumen de negocio en el año 2009 de 6,4 millones de euros, y la matriz, Salvador Rubio Barceló, de cerca de 6,6 millones.
Este grupo actúa como concesionario de varias marcas de motocicletas (Honda, Aprilia y Kymco, entre otras), y también cuenta en sus diferentes locales de una boutique para el motorista, taller de reparación, venta de recambios y, por supuesto, de venta de motos nuevas y usadas.
Cuenta con una plantilla superior a la treintena de trabajadores.
El Juzgado ha decidido que Carmen Rubio mantenga la gestión de la empresa como administradora, pero supervisada por un administrador concursal.
Asimismo se da un plazo de quince días a los acreedores para que comuniquen los créditos pendientes de cobro.

